De 2016 a 2022 más de mil 600 linchamientos han ocurrido en México, señalan investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), al destacar que Puebla, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y la Ciudad de México concentran más de 74 por ciento de los casos.

El último intento de justicia por propia mano ocurrió la tarde del pasado 23 de abril en la agencia municipal de Progreso, municipio de Chalcatongo, Oaxaca, donde un grupo de pobladores retuvieron a un hombre que llevaba puesto un chaleco guinda y logotipo de un partido político, quien llegó con algunas propuestas. El problema ocurrió cuando los habitantes le pidieron que se identificara como funcionario del gobierno estatal y no llevaba ningún documento que lo acreditara.

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Fue entonces que los habitantes de la comunidad de Progreso, enardecidos, lo comenzaron a insultar, golpear, colocaron una cuerda en una viga y le pusieron una soga al cuello para tratar de colgarlo, para consumar el linchamiento; esto, en medio de gritos, insultos y empujones al supuesto funcionario, a quien encarcelaron hasta que llegaron autoridades estatales y tras un intenso diálogo se logró evitar el ajusticiamiento.

En el artículo “Acerca de los linchamientos (y el vigilantismo): reflexiones sobre la violencia en México”, publicado en el número 237 de la revista “El Cotidiano”, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, los especialistas Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila aseguran que en la actualidad existen las condiciones para la aparición de estallidos impetuosos por parte de una ciudadanía “que se siente insegura y sin esperanza de beneficiarse de los mecanismos de justicia garantes del orden social, así como por el descontento individual por las ofensas ocasionadas por algún miembro de la sociedad o alguna autoridad que pueden generar un rechazo o reclamo conjunto”.

“Desde nuestro particular punto de vista, estos ajusticiamientos constituyen un tipo de acción colectiva (tumultuaria) de carácter acremente violento (fatal), en la que los participantes manifiestan un alto grado de indignación moral (irritación compartida) en respuesta punitiva no legal (sin debido proceso judicial) a conductas de individuos (ofensores-víctimas) que atentan contra la vida, integridad, dignidad o patrimonio de miembros del grupo, y que expresan la crisis de autoridad o pérdida de confianza en los aparatos de procuración y administración”, sostienen.

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De acuerdo con datos recabados por los especialistas, en el periodo 2016-2022 este tipo de quebrantamiento social registró mil 423 casos en la modalidad de linchamiento y 196 en grado de tentativa, para un total de mil 619.

Aun cuando estos actos aparecen como castigos hacia individuos a quienes se les imputa sin un debido proceso la comisión de delitos –o tentativa– como robo o abuso, violación y secuestro, su ejecución “acusa causas más profundas que es necesario indagar para poder explicarlos, como el descontento que va más allá del hecho inmediato”.

En este contexto, “cabe preguntar por qué se llega a tal grado de irritación social que un grupo de personas decide infligir a uno o varios individuos el castigo de privación de la vida, sin mediar un debido proceso judicial, lo cual lleva a plantear que estos actos suelen ser fruto de la rabia acumulada ante la inexistencia regional, local o nacional del estado de derecho”, como señaló Carlos Monsiváis.

En el texto, los investigadores del Departamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco señalan que en la actualidad existen las condiciones para la aparición de estallidos impetuosos por parte de una ciudadanía, “que se siente insegura y sin esperanza de beneficiarse de los mecanismos de justicia garantes del orden social, así como por el descontento individual por las ofensas ocasionadas por algún miembro de la sociedad o alguna autoridad que pueden generar un rechazo o reclamo conjunto”.

Entonces “nos encontramos frente a la indignación moral, la cual, bajo ciertas circunstancias que se le adicionan, se articula mediante la gestión colectiva violenta, por la que se pretende poner límite a otros actos delincuenciales que antes se han sufrido de manera individual y que los sujetos no pueden frenar en forma aislada”, aseguran los especialistas.

Sin lugar a dudas, “el agravio genera encono, la injusticia provoca ira, y cuando los principios de cohesión de la comunidad son reiteradamente vulnerados por uno o varios de sus miembros, o bien por alguna autoridad establecida, se rompe el principio de la convivencia pacífica, alterando el desarrollo de la vida cotidiana”, advierten.

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En momentos, incluso, “nos indignamos cuando algún problema que tiene solución no se resuelve como debe ser o como esperamos; también, cuando la autoridad, abusando de sus facultades, se excede en sus funciones con ofensas que provocan a su vez la reacción agresiva de grupos indignados cuando son rebasados los límites tolerados, ya sea en grado, extensión o frecuencia”.

Así, el encono es canalizado por muchedumbres “que deciden hacer justicia por propia mano, ante la ineficiencia de las instituciones oficiales, generando una crisis de autoridad que constituye una de las causas profundas de la violencia social”.

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Rodríguez Guillén y Veloz Ávila afirman que de ningún modo los linchamientos pueden ser una forma aceptable para solucionar los conflictos, dado que “tienen cierta connotación de acción colectiva capaz de propiciar simpatía entre secciones de la colectividad, ante la declinación de los poderes públicos”.

Por ello, “hay que pugnar en el terreno político por el cambio preciso en el orden de las cosas para que este fenómeno, condenable desde muchos puntos de vista, no aparezca en nuestro horizonte y, en el académico, continuar con mayor profundidad y rigor en alcanzar la explicación de su origen y manifestaciones”, concluyen.

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