El Congreso de la Ciudad de México, pidió sancionar a empleados del C5 que oculten videos solicitados por alguna autoridad ministerial para que estos sean utilizados en alguna investigación o juicio de índole penal o administrativo.

También se propuso en el recinto de Allende y Donceles que a quien cometa este delito se le impondrá de tres a siete años de prisión.

El diputado morenista, Eleazar Rubio Aldarán, presentó la iniciativa para modificar el artículo 259 BIS del Código Penal ante el pleno con el propósito de terminar con esta mala práctica.

Lo que se propone es sancionar al empleado adscrito o asignado al Centro de Comando y Control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien de manera dolosa oculte, elimine, altere o borre parte de la grabación o no remita la o las videograbaciones requeridas por la autoridad ministerial, señaló.

El diputado indicó que se ha vuelto una práctica recurrente que en el Sistema Penal Acusatorio se empleen videos para acreditar los hechos delictivos y éstos sirvan como prueba para acreditar la conducta desplegada por el sujeto activo o por el contrario, acreditar que no se cometió o se participó en el hecho que se imputa.

“En la actualidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana argumenta no contar con el material, derivado de que en múltiples ocasiones las cámaras no se encuentran en funcionamiento, con lo que infringen lo establecido en la ley que permite el uso de la tecnología para esclarecer algún delito, de ahí la importancia del proyecto de iniciativa que se presenta”, resaltó.

El proyecto fue turnado a las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y la de Seguridad y dictamen para su análisis y discusión.

HM

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