Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, personal de la Guardia Nacional y militares de la Secretaría de la Defensa Nacional se encuentran bajo investigación de la propia fiscalía mexiquense, a cargo de José Luis Cervantes Martínez, por los delitos de robo, abuso de autoridad, delitos cometidos por servidores públicos en contra de la procuración de justicia, daño a la propiedad entre otros.
La denuncia presentada vía oficialía de partes el pasado 21 de septiembre con número de filio 002786, se encuentra asentado que los policías de investigación del Estado de México, guardias nacionales y militares ingresaron a un rastro de pollo sin orden de cateo, donde además de someter a los empleados, los amenazaron de muerte y en todo momento les apuntaban con armas de fuego y les decían que los iban a matar.
Los afectados también denunciaron que los militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, elementos de la Guardia Nacional y agentes de la Policía de Investigación sometieron con sus armas a varios menores de edad que viven con sus padres en un espacio del mismo negocio de pollo.
De acuerdo al abogado penalista, Alejandro Zamudio, el día 23 de agosto de este año, a las 03:20 de la madrugada, llegaron Policías de la Fiscalía del Estado de México, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, al predio ubicado en Josefa Ortiz de Domínguez 33, Barrio San José Guadalupe, San Mateo Otzacatipan, municipio de Toluca, Estado de México, el cual es un rastro de pollo, con todas las manifestaciones necesarias y permisos ante las autoridades.
En un video donde fueron captados todos los implicados en estos hechos delictivos, se observa que desde afuera, dichos elementos, voltearon las cámaras, irrumpieron con violencia innecesaria, sometieron a los trabajadores que laboraban a esas horas a punta de pistola, para luego, formarlos afuera, mientras eran encañonados, haciendo mención que todos, excepto uno, portaban capuchas que impedían ver su rostro.
Por lo que hace a la mercancía -pollo-, ordenaron a las mujeres que ahí laboraban, cargaran un camión y dos camionetas que ahí se encontraban para traslado de la mercancía, a efecto de aparentar que no había nada al momento del cateo en el inmueble, mientras los hombres eran controlados con las armas de fuego y amenazas de golpes y de muerte.
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En la planta alta de dicho inmueble, vive una familia constituida por una pareja y sus hijas, ambas menores de 8 años, las cuales, también fueron sacadas a la intemperie a punta de pistola y -además- despojadas de su vivienda, la cual, no formaba parte de dicho cateo.
También se aprecia, que un policía que porta un chaleco y que, según referencia de los denunciantes, daba órdenes; saca de su chaleco algún objeto o sustancia que esparce en una mesa de trabajo (previamente despejada por los trabajadores) y segundos después se aprecia que hace lo mismo en otra mesa de la misma instancia.
Todas y cada una de las cámaras, fueron movidas o dañadas, de igual forma se sabe y se evidencia que Jamás mostraron orden de cateo alguna, que entraron muchas personas armadas al inmueble y que no se permitió a los trabajadores del inmueble que atestiguaran la inspección que realizaron los elementos, ni firmar el acta correspondiente que por ley les es obligada a los elementos policiacos, violando así derechos humanos establecidos en la Constitución y todo protocolo de actuación nulificando toda credibilidad.
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