Siempre estarían juntos, era una promesa compartida. Sacrisanta, la madre; Karen, la hija mayor, y Erik, el pequeño, eran muy unidos y les gustaba pensar en proyectos comunes a futuro, pero hace más de tres años, el 4 de agosto de 2016, los planes cambiaron abruptamente, pues las vidas de los jóvenes fueron apagadas. El asesinato de Karen, en Ecatepec, es uno de los casos que se investigaron y juzgaron como homicidio doloso, pese a las evidencias que indicaban que fue un feminicidio.

La necesidad de dinero hacía que Sacrisanta Mosso Rendón dejara a sus hijos en casa para ir a trabajar en una cocina económica en Ecatepec, Estado de México. Un día regresó de las labores. La puerta de entrada de la casa estaba cerrada con candado, ella no cargaba llaves. Esperó más de dos horas sentada en la banqueta, asumió que sus hijos estarían en la Feria Patronal de San Cristóbal, que se realiza en el centro del municipio cada año. Les habló por teléfono, les mandó mensajes y, al no tener respuesta, salió en búsqueda de Karen y Erik. A la medianoche regresó a casa y entró por una ventana. En el baño encontró sin vida a su hija. En una de las recámaras, al menor.

Karen solo tenía 17 años

Karen Alvarado Mosso, quien tenía 17 años, estaba tirada boca abajo, con sus manos amarradas hacia atrás y tenía un cinturón enrollado en el cuello. La asfixiaron en un bote con agua, la golpearon y la violaron. A Erik, de 12 años, lo asfixiaron con una almohada.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que, del 1 de enero de 2015 al 31 de marzo de 2019 se han contabilizado mil 258 carpetas de investigación por homicidio doloso contra mujeres tan sólo en Ecatepec –más de uno al día–; de ellos, mil 256 fueron con arma de fuego, arma blanca u “otro elemento”, lo que la propia Fiscalía local toma en cuenta para investigar los casos como feminicidios; por ejemplo, que “a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia”, así como la asfixia. Además, que “haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza”, y que “la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo”.

De hecho, la entidad gobernada por Alfredo del Mazo, a nivel nacional, tiene el primer lugar en este delito, con 299 casos, de 2015 a 2018. En Ecatepec, en el mismo periodo -según cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México pedidas a través de transparencia- se registran 53 feminicidios (carpetas de investigación). De esos casos, sólo en 10 hay una sentencia condenatoria. La última se emitió en enero de este año.

En el caso de Karen Alvarado, quien estaba a unos días de entrar a quinto semestre en el CCH Vallejo, la persona que fue imputada y juzgada por su homicidio doloso, fue su primo. El joven, que tenía en ese momento 17 años, fue detenido en marzo de 2017 y en agosto se le declaró culpable de dos homicidios dolosos, con una condena de cinco años de privación de la libertad, la pena máxima que puede alcanzar un menor de 18 años, según la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

“No es justo, cometió actos muy graves, un feminicidio”, dice Mosso Rendón. Se le debería haber juzgado como adulto, porque los actos que cometió son de adulto, remarca. El sistema de justicia, acusa, es una gran ventaja para quien cometió un delito.

Previo a la sentencia que dieron al primo de Karen, colectivos y la señora Sacrisanta buscaron que la muerte de su hija se investigara como feminicidio y que se le juzgara como adulto. Para la madre, una sentencia mayor sería más justa, pero, sostiene, “lo justo sería que me devolviera a mis hijos”.

¿Homicidio o feminicidio?

En el Estado de México se castiga con 70 años de cárcel o prisión vitalicia, según sea el caso, a la persona que haya cometido un feminicidio, según el Código Penal de la entidad. “Que no se le dé oportunidad, lo están preparando para que rehaga su vida y se me hace injusto”, señala la madre de Karen.

Además, una de las diferencias de investigar una muerte como homicidio doloso o feminicidio, es, entre otras, que hay un grupo conformado por una persona especializada en trabajo social, una en psicología y una en derecho (asesor o asesora jurídica). Todas ellas deben tener un alto nivel de empatía y sensibilidad hacia las víctimas.

Mosso Rendón, al paso del tiempo, sabe que, para las autoridades, el tema ya se concluyó. No se le puede volver a sentenciar por los mismos hechos a la misma persona.

Ana Aguilar García, directora de Proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal, una organización de la sociedad civil experta en derechos humanos del proceso penal, trabaja temas relacionados con el sistema de justicia y las personas menores de 18 años. Ante la sentencia que se dictó en el caso de Karen, explica que el proceso de justicia para adolescentes tiene fines distintos al de adultos: “Se dice que tiene un fin socioeducativo para reintegrar a los y las adolescentes a su familia y comunidades”.

Ante lo que exigieron organizaciones y la propia Sacrisanta, de una pena más elevada por el tipo de delito cometido, Aguilar García detalla que si el fin socioeducativo del sistema de justicia para adolescentes se transmite desde los actores del sistema judicial, durante todo el proceso, es posible que los familiares de la víctima entiendan por qué es importante que las personas menores de 18 años reciban una segunda oportunidad.

También es importante hacerle saber a esos familiares que ellos (las personas imputadas) tienen derechos y que el proceso también se encarga de velar por sus intereses, más allá de la pena. Si, en cambio, las autoridades siguen utilizando discursos punitivos, lo único que van a seguir promoviendo es la utilización del sistema penal para fines de venganza

Ana Aguilar García, directora de Proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal

Añade que nos hemos acostumbrado a un discurso que confunde justicia con cárcel sin que haya mucha voluntad para hacernos entender como sociedad cuál es el proceso para llegar a prisión como condena. “Como no lo entendemos, entonces asumimos que las opciones inmediatas, como la prisión preventiva, ya son justicia”, subraya. Agrega que la inmediatez con la que se prive de libertad a una persona genera en la sociedad un mayor sentido de justicia.

La Fiscalía para la Atención a la Violencia de Género del Estado de México fue contactada en repetidas ocasiones para conocer qué criterios utiliza para investigar casos que presentan características de un feminicidio, como el de Karen, pero no hubo respuesta.

Para Karla Micheel Salas, abogada defensora especializada en violencia de género en el país, “respecto a los feminicidios y la violencia en general contra mujeres, se siguen maquillando las cifras”. Sostiene que la voluntad de las autoridades es simplemente no investigar.

Asegura que la autoridad no tiene una explicación de por qué, pese a haber crímenes que “son claramente feminicidios” y que tendrían que haberse investigado como tal, se indagan como homicidios dolosos.

Para Sacrisanta Mosso, la experiencia que tuvo con las autoridades, al inicio del proceso, fue de prepotencia, “no veían culpable más que a mí”. Aunque después hace una pausa y dice entender que así actúan las autoridades y que los entiende. Sin embargo, cuenta que no quitó “el dedo del renglón, siempre iba y preguntaba, presionaba. A lo mejor los fastidié”. A ella no le importaba ir lejos o sola, “es importante gritar y exigir, llorar… aprender a llorar, tener paciencia”.

Asesinatos y desapariciones

Pero la muerte no es lo único que sufren las mujeres en este municipio que tiene una extensión territorial de 186.9 kilómetros cuadrados. Han desaparecido 219 mujeres (193 tienen entre cero y 29 años), sólo del 4 de agosto de 2017 al 31 de marzo de 2019. De ellas, 61 tenían entre 15 y 17 años cuando se les vio por última vez.

Micheel Salas acusa que vivimos en un caso de simulación, vemos la desaparición de mujeres de forma violenta, pero no hay respuesta inmediata.

Se comprometieron a mejorar, a profesionalizarse, pero las autoridades son incapaces de activar la Alerta Amber. El Estado de México es el mejor ejemplo de la política de simulación

Karla Micheel Salas, abogada defensora especializada en violencia de género

De hecho, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres cumplió ya cuatro años en 11 municipios de la entidad. Fue emitida el 28 de julio de 2015 y recibe en promedio 30 millones de pesos al año para erradicar la violencia de género, pero las cifras muestran que los casos han subido, pues en 2015 se registraron 59 feminicidios; en 2016, 66, y en 2017, 64.

Pero ya en 2018, el Estado de México, que fue primer lugar nacional en feminicidios, contabilizó 110, según el SESNSP. Además, Ecatepec, con una población de 932 mil 727 mujeres, fue el municipio mexiquense que más casos registró en la entidad, con 14, y fue quinto a nivel nacional en ese delito por cada 100 mil habitantes, con 1.50 sucesos, más alto que la media nacional, con 1.30.

En el ayuntamiento, la violencia también pega a toda la población. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante la primera quincena de septiembre de 2018, la ubicó como la ciudad más peligrosa en el país, pues 96.3 por ciento de los habitantes mayores de 18 años se siente inseguro.

El municipio, que colinda con la capital mexicana, es el más poblado del país, con un millón 677 mil 678 habitantes, según cifras del INEGI, aunque autoridades locales señalan que podrían ser más de 3 millones de residentes. 786 mil 843 ecatepequenses viven en situación de pobreza, sus ingresos son insuficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval).

Karen y Erik, ahora solo vien en la memoria

Ahí Karen y Erik crecieron y tenían una vida feliz, asegura su madre. Siempre había una sonrisa en sus rostros. La joven quería estudiar derecho porque quería ayudar a las mujeres. “Sufrimos mucho, nuestros papás no nos entienden, nos gritan y nos maltratan cuando somos niñas. Cuando nos casamos, los esposos nos limitan y maltratan”, le repetía constantemente a su madre.

Ella, desde que estaba en la secundaria, fue muy estudiosa. Siempre fue de diplomas. Karen tenía sus metas muy fijas. “Lo iba a lograr, era madura, consciente. Soñaba con viajar a París. Tenía muchos sueños muy grandes”, asegura Sacrisanta, quien quiebra su voz al rememorar.

Karen siempre fue muy unida con su hermano Erik. Se molestaban y llegaban a pelear como cualquier par de hermanos: “Era un gran apoyo para mí, para su hermano, nos repartíamos las obligaciones”.

Erik tenía 12 años, le gustaba jugar, bromear, era muy platicador, muy amiguero. Por todos lados tenía amistades. Siempre regalaban una sonrisa, “así los recuerdo, sonrientes, amables”. Estaba feliz porque iba a entrar a la secundaria.

La necesidad de llevar el pan a la mesa hacía que los hermanos convivieran y se cuidaran mientras su madre iba de sol a sol a trabajar. “No tenía la necesidad de andar atrás de ellos, sólo llegaba a revisar”. Karen era el ejemplo de Erik: Él veía a su hermana y quería hacer lo que la hermana iba hacer.

A más de tres años de ese suceso, a Sacrisanta Mosso le da lo mismo comer o no. Confiesa que hoy encuentra poca motivación, “mi motor eran mis hijos, pero ya todo cambió. A esta altura de mi vida ya no están, me da igual comer, la vida…”.

Para Valeria Moscoso, coordinadora del Área de Trabajo y Acompañamiento Psicosocial de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a diferencia de delitos como desaparición, ejecución extrajudicial o tortura, cuando hay un feminicidio sí hay diferencias importantes en cuanto a reacciones e impactos en las personas más allegadas a la víctima. “Tiene que ver con elementos centrales. En el feminicidio, los perpetradores son ‘íntimos’, de un círculo cercano, no como en otros casos, donde quien comete un delito son agentes del Estado”, explica.

Moscoso Urzúa señala que tiende a haber una respuesta diferente de las víctimas sobre a quién se responsabiliza y a quién se culpa, e incluso a quién se solicita ayuda y el grado de vulnerabilidad que experimentan los familiares. “Cuando es un feminicidio, primero hay una confianza en que pueden acudir al Estado por ayuda. Quedan fuera análisis de contexto político para entender el hecho”.

La motivación ahora se asoma a cuentagotas para la madre de Karen. Ésta llega al replicar el apoyo y la empatía que recibió de mucha gente, hacia familias que sufren hoy la misma violencia que ella pasó. Ahí, Mosso Rendón se “siente necesaria” cuando alguien le pide ayuda: “Hay momentos donde me siento insignificante, pero cuando me hablan, regreso. En el momento también me hizo falta quién me acompañara, quién me dijera qué decir, qué hacer”. Y sostiene que “nadie entiende el dolor de una madre más que otra madre que ha pasado por el mismo dolor”.

A más de tres años de que “le arrebataran a sus hijos”, recuerda la promesa de Erik y Karen, aquella que decía que “nosotros nunca te vamos a dejar solita, siempre vamos a estar contigo, te vamos a ayudar, no te va a faltar nada”, y asegura que sí, que siguen y seguirán juntos.

HM

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