Toluca.- Por su presunta participación en el secuestro de dos piperos, de quienes desde el día de su plagio en el año 2021 no se sabe nada, un Juez de Control del distrito judicial de Toluca sentenció a 50 años de prisión a un sujeto.
Estos hechos se registraron el 24 de abril de 2021, cuando las dos víctimas quienes se encontraban laborando a bordo de una pipa de venta de gas, fueron interceptados por los tripulantes de una camioneta tipo Silverado, en la calle Sonora, en la comunidad San Cristóbal Huichochitlán, en el municipio de Toluca.
Las diligencias determinaron que cuatro tripulantes de esta camioneta, entre ellos el ahora sentenciado, Antonio Castillo García portaban armas de fuego, con las cuales amagaron a las víctimas, a quienes bajaron de la pipa de gas y las condujeron a otro sitio. Posteriormente familiares de estos dos hombres comenzaron a recibir llamadas telefónicas, mediante las cuales les hicieron saber que los tenían secuestrados y exigieron una suma económica a cambio de liberarlos.
Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía, por lo que fue iniciada la indagatoria respectiva, además fueron llevadas a cabo diligencias de gabinete y campo.
Como parte de las acciones llevadas a cabo, en el mes de junio del mismo año, la FGJEM emitió acuerdo de recompensa para la localización de ambas víctimas, así como para la ubicación y captura de los involucrados en este secuestro.
Antonio Castillo García fue detenido e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición del Órgano Jurisdiccional.
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Con las pruebas recabadas, aportadas y expuestas por el Ministerio Público, la Autoridad Judicial con sede en Almoloya de Juárez, dictó esta condena para el acusado, le fijó multa de 156 mil 835 pesos y 93 mil pesos como reparación del daño material, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.
Por estos mismos hechos, el pasado mes de septiembre, elementos de la PDI detuvieron a Javier “N”, quien se encuentra interno en un Penal estatal investigado por el secuestro de ambas víctimas, mismas que desde su secuestro no aparecen por lo que la FGJEM continúa con sus investigaciones, ya que se cree pudieron ser asesinada por el sentenciado y sus cómplices.
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