Bajo amenazas y agresiones físicas fueron desalojadas 20 familias que habitaban un predio en la colonia Juárez. Afectados -miembros de la comunidad Triqui y Otomí- comentaron que personas de Tepito irrumpieron el domicilio y los obligaron a salir al momento que los golpeaban.
“Nosotras estábamos dormidas con los niños, de repente se metieron y nos golpearon y nos sacaron a la fuerza; no dejaron ni que los niños se pusieran la ropa”, afirmó una de las madres desalojadas.
De acuerdo con versiones de los afectados, poco antes del mediodía, un contingente de al menos 50 varones arribó al inmueble con número 6 de la calle Londres, en la alcaldía Cuauhtémoc. Sin identificarse, forzaron a las familias a retirarse sin la oportunidad de guardar sus pertenencias.
Ya en la vía pública, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementaron una valla humana para impedir que personas ajenas a la alcaldía Cuauhtémoc, ingresaran en el perímetro.
Asimismo, las decenas de cargadores se coloraron en el cruce de las calles Londres, Roma y Bruselas e impidieron que los medios de comunicación realizaran su trabajo.
Bajo amenazas verbales aconsejaron a los reporteros de no realizar tomas fotográficas ni material videográfico; asimismo amenazaban a los peatones que portaban teléfonos celulares para que no registraran el hecho.
Momentos después, el contingente de cargadores se desplazó hasta la periferia del sitio desalojado para retirar las pertenencias de las familias afectadas, sin tener cuidado de objetos de línea blanca ni objetos personales.
En el momento más álgido de la tarde y al cuestionarle a quien se identificara como Salvador Santiago, director General de Gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc, los medios de comunicación le cuestionaron sobre los métodos violentos para desalojar a las familias. Luego de una negativa como respuesta, los cargadores agredieron físicamente a reporteros, fotógrafos y camarógrafos.
Finalmente, las pertenencias de las familias Triquis y Otomíes, fueron llevadas a la agencia del Ministerio Público para después entregárselas; los afectados comentaron que tenían miedo de que dinero en efectivo y demás bienes fueran robados por las decenas de cargadores.
