Tras lamentar que cada 2.6 días muere una mujer por violencia extrema en el Estado de México, la presidenta de la comisión legislativa que atiende las dos alertas de género que hay en la entidad, Karina Labastida Sotelo, afirmó que en los últimos 17 años, los feminicidios aumentaron 130% en territorio estatal.
En entrevista con este diario en ocasión del Día Internacional de la Mujer, la legisladora habló de las recientes reformas legales aprobadas desde el Congreso local en favor de las mujeres, después de la deuda histórica que se ha tenido con este sector poblacional.
Comentó que derivado de estos cambios al marco legal, por ejemplo, las autoridades estatales estarán obligadas a vigilar la capacitación de choferes del transporte público en la prevención de violencia de género y desaparición de personas.
Advirtió que si esto no se acredita, el gobierno tendrá que retirar la concesión de las unidades del transporte público, además de que la autoridad también tendrá que generar e implementar políticas públicas y programas que incentiven el uso de herramientas tecnológicas para proteger a las mujeres.
Karina Labastida Sotelo recordó el trabajo que se llevó a cabo en el Congreso estatal para reformar 11 leyes locales, en coordinación con la Iniciativa Spotlight, donde -dijo- se lograron atacar los obstáculos patriarcales.
Mencionó que con “estas modificaciones legales se podrá proteger a las más de 8 millones de mujeres mexiquenses, con el fin de que tengan una vida libre de violencia”.
Aseveró que con esta labor realizada en el Poder Legislativo, junto con expertos internacionales, se pudieron materializar las políticas públicas para frenar la violencia de género, incluidos los feminicidios y la desaparición de mujeres.
“En retrospectiva, apenas hace 12 años, en este Poder, se aprobó la primera gran reforma centrada esencialmente en lo penal. Tipificamos el homicidio doloso de una mujer como feminicidio, incorporamos el concepto violencia de género en el Código Penal, mandamos por primera vez un mensaje de cero tolerancia contra la violencia de género”, agregó.
En este sentido, subrayó que a partir de ahora “las políticas públicas y los programas de gobierno buscarán vías para eliminar la discriminación y modificar la desigualdad que existe entre hombres y mujeres”.
Además, apuntó, los servidores públicos estarán obligados, sin importar su nivel, de denunciar cualquier caso de violencia en contra de la niñez y adolescencia para lograr su protección integral.
Mencionó que con el propósito de impactar en la prevención de la violencia sexual, “las políticas públicas del orden municipal y estatal deberán incluir medidas de identificación y prevención de esta violencia”.
También resaltó el hecho de que desde ahora se reconocerá la violencia sexual en el entorno escolar como una modalidad de violencia y se institucionalizará el protocolo para prevenir, detectar, atender y erradicar el acoso escolar, estableciendo medidas especiales relacionadas con la prevención de actos de acoso y abuso sexual en el espacio escolar.
De acuerdo con las reformas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, tendrá que otorgar capacitación para iniciar la carpeta de investigación de oficio y sin demora en todos los casos en que tenga conocimiento de delitos vinculados a la violencia de género, violencia familiar, contra la libertad sexual, trata de personas y desaparición de personas y evitar victimización.
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Indicó que la reforma a la Ley de víctimas del Estado de México establece que en los casos relacionados con los delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres o su tentativa, las víctimas u ofendidos que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, tendrán acceso a los programas con perspectiva de género y de protección a niñas, niños y adolescentes con los que cuente el gobierno estatal.
La legisladora presidenta de las comisiones contra el feminicidio y la desaparición de mujeres añadió que en la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de México, en las medidas de protección, se tendrá la obligación de canalizar y trasladar sin demora a las mujeres y niñas en situación de violencia sexual a las instituciones de salud pública.
Afirmó que en este caso “la intención es que ellas tengan aplicación de antirretrovirales, métodos de anticoncepción de emergencia e interrupción legal y voluntaria del embarazo en el caso de violación, así como la suspensión de forma temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus hijas e hijos”.
Finalmente, explicó que en los casos donde la persona agresora pertenezca a los cuerpos policiacos, militares o de seguridad, ya sea de corporaciones públicas o privadas, la autoridad solicitará el retiro del arma de cargo o cualquier otra que tenga registrada.
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