Brenda Quevedo Cruz, señalada por la supuesta comisión de los delitos de delincuencia organizada y secuestro en el caso de Hugo Alberto Wallace Miranda, permanecerá en arraigo domiciliario en lugar de prisión preventiva.
Un juez del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales resolvió cambiar la medida cautelar impuesta a Brenda “N”, por lo que fue puesta en libertad tras 15 años en prisión, luego de ser acusada por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace.
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El IFDP asumió que Brenda “N”, es sobreviviente de actos de tortura sexual, ocurrida en el marco de su detención, señalado en la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Durante una audiencia celebrada el 24 de junio, se determinó que no había justificación para prolongar la prisión preventiva contra la imputada, de quien la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reconoció que Quevedo fue víctima de tortura en el momento de su arresto el 28 de noviembre de 2007 en Kentucky, Estados Unidos.
El comunicado del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), explicó que la prisión preventiva es “una medida excepcional” y “no existe una necesidad actual y real para que la misma continúe, ya que los factores que en su momento la justificaron han variado con el transcurso del tiempo”.
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La defensa de Brenda “N”, a partir de 2019 buscó remover la medida de prisión preventiva, por lo que el juez instruyó que se le impusiera como medida cautelar el uso de un localizador electrónico, así como la prohibición de abandonar la Ciudad de México o el país, sin autorización judicial. Tampoco puede comunicarse o acercarse a la víctima indirecta del caso o a su domicilio.
La investigación de la CNDH dictaminó que la imputada fue sometida a diversas torturas por parte de los servidores públicos de las entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que hoy forman parte de la resolución del juez.
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