La Fiscalía capitalina confirmó las aprehensiones realizadas por agentes de la Policía de Investigación en contra de contra cinco hombres y dos mujeres, todas personas servidoras públicas, señalados por su probable participación en los delitos de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad agravado, registrados en marzo pasado durante un cateo en la casa de cambio Black Wall Street Capital
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El agente del Ministerio Público de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos solicitó y obtuvo los mandamientos judiciales, cumplimentados en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, con apoyo de personal de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Tras corroborar su identidad, los servidores públicos fueron notificados de los ordenamientos judiciales, y con estricto apego a la normatividad vigente y a sus derechos humanos, fueron puestos a disposición del juez de control que los requería.
De acuerdo con las investigaciones de la FGJCDMX, los aprehendidos, en su calidad de policías de la SSC, ejecutaron un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Anzures, pero lo reportado en su informe policial, posiblemente no corresponde a cómo sucedieron los hechos.
¿Qué pasó durante el cateo en Black Wall Street Capital?
El cateo realizado el pasado 15 de marzo en la sede de dicha empresa ubicada en la colonia Anzures, dejó tras la ejecución de la orden judicial cinco personas detenidas, quienes presuntamente se encontraban al interior del inmueble ubicado en la calle Cuvier, donde también se habrían encontrado armas, droga y fuertes cantidades de dinero en efectivo.
El mandamiento judicial lo habría obtenido el Ministerio Publico en la alcaldía Miguel Hidalgo tras iniciar una investigación que presumía sobre la relación entre esta empresa y un grupo criminal con presencia en el estado de Jalisco.
Fue durante su primera audiencia, que los cinco detenidos durante el cateo acusaron que agentes de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de haber robado más de 80 millones de pesos, además de haber ocasionado destrozos, incluyendo en el equipo del circuito cerrado.
Las acusaciones fueron fundamentadas con una serie de videos con los que la defensa legal de los empresarios revelaron el mal actuar de los oficiales, que entre las inconsistencias que investiga la Fiscalía, se observa en el sitio bolsas de dinero que no habrían sido reportadas por los uniformados en su informe policial. Las grabaciones tampoco muestran las armas y droga con los que fueron presentados ante el MP los imputados
Tras la aparición de las grabaciones, la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía de la Ciudad de México separó del cargo al agente del Ministerio Público encargado de la diligencia, además de que se inició una carpeta por distintas irregularidades durante el operativo.
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