El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que desde el 15 de diciembre de 2021, el Departamento de Tesorería ha sancionado alrededor de 290 personas y entidades mediante la implementación de la Orden Ejecutiva 14059. Dicha orden le da capacidad de imponer sanciones a personas extranjeras involucradas en el comercio ilícito de drogas.
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A través del “Memorando sobre la priorización de la interrupción estratégica de la cadena de suministro de fentanilo ilícito y opioides sintéticos mediante un esfuerzo coordinado, de todo el gobierno y basado en la información”, el mandatario estadounidense recordó las acciones que ha tomado en el combate contra las drogas sintéticas en el país norteamericano.
De acuerdo con su informe emitido desde la Casa Blanca, la Orden Ejecutiva 14059, es una legislación que permite frenar la distribución del los opiáceos en los Estados Unidos, independientemente de si las personas extrajeras que llevan a cabo estos hechos ilícitos están vinculados a un capo o un cártel.
También señaló que desde su primer día de mandato, ha mantenido una lucha constante contra esta “epidemia mortal” que acaba con vidas de estadounidenses mediante una Agenda de Unidad que incluye:
La creación de un Comité Trilateral donde trabaja en conjunto con los Gobiernos de México y Canadá para impulsar la disrupción, interdicción y aplicación dicha ley.
También ha buscado reanudar la cooperación bilateral de la República Popular de China en la lucha con el narcotráfico.
Puso en manos de rescatistas (sin prescripción médica), el medicamento naloxona, cuya función es contrarrestar los efectos de los opioides, que “ha salvado decenas de miles de vidas”.
De acuerdo a las legislaciones sobre el fentanilo y las nuevas formas de detectarlo, Biden aseveró que en los últimos 2 años de su mandato ha disminuido la entrada de esta droga sintética en el país norteamericano, en relación a los anteriores 3 años a la aplicación de la Orden Ejecutiva.
Sin embargo, a fin de continuar con el progreso de en la lucha contra la distribución ilícita de ipioides, pidió redoblar esfuerzos a las autoridades, puesto que los índices de mortalidad relacionados al fentanilo se mantienen en un nivel alto y representan un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Por ello exhorta a continuar con el trabajo de manera colectiva y coordinada al Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Defensa, el Departamento de Justicia, el Departamento de Comercio, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Transporte, el Departamento de Energía, el Departamento de Seguridad Nacional y la Comunidad de Inteligencia, en coordinación con el Servicio Postal de los Estados Unidos.
Por último, el actual dirigente de la Casa Blanca, detalló que los esfuerzos serían supervisados por el Consejo de Seguridad Nacional para hacer cumplir ley y la Comunidad de Inteligencia, derribar barreras de información, potencializar las acciones del Gobierno estadounidense para cortar la cadena ilícita del fentanilo y garantizar la operación pertinente de los departamentos y agencias involucrados.
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