NACIONES UNIDAS. El presidente de Colombia, Iván Duque, justificó el operativo militar en la región de Putumayo del pasado 28 de marzo, en el que murieron once personas, entre ellas civiles, y alertó contra las críticas que pueden evidenciar un “oportunismo político que trata de incidir en el debate electoral”, en referencia a las próximas presidenciales.

Desde la sede de la ONU, donde intervino para defender ante el Consejo de Seguridad el proceso de paz colombiano, Duque dijo que la operación se llevó a cabo después de que se realizara un trabajo de identificación que probó que “muchas personas que se encontraban allí estaban vinculadas a grupos armados ilegales”, quienes protagonizaron “un ataque a la fuerza pública”, causando heridos.

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El mandatario no hizo mención a los civiles caídos durante el operativo.

De todas formas, señaló también que la Fiscalía, “como ente autónomo investigador” realiza una investigación sobre las circunstancias de lo que algunos medios colombianos han llamado “matanza de Putumayo”.

Duque aseguró que, mientras no se pronuncie la Fiscalía, “cualquier especulación previa hace daño”.

Respecto a las palabras del jefe del Ejército, Eduardo Zapateiro, que justificó las víctimas civiles en la operación diciendo que “no es la primera vez que caen mujeres embarazadas y menores combatientes”, Duque no quiso comentarlas.

Sin embargo, pareció apoyar a Zapateiro cuando dijo que “las fuerzas militares en todo el territorio protegen al país”, y que hubo antes de la operación “intercambio de disparos con miembros de la fuerza pública heridos y gravemente heridos”. Sin embargo, también quiso aclarar que el gobierno de Colombia tiene “cero tolerancia contra el abuso de la fuerza y la violación de las leyes”.

Las denuncias que han llegado de la zona de la operación preocupan a las organizaciones sociales que temen que se trate de una masacre, o de un nuevo caso de “falsos positivos”, más que de un operativo militar contra las disidencias.

Las organizaciones sociales denuncian que entre los muertos se encuentran Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años; Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda (aldea) El Remanso; su esposa, Ana María Sarria Barrera, y Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa, junto a otras dos personas.

“Lo que hizo el ejército fue una masacre”, dijo Argemiro Hernández, padre de una de las víctimas. Según su versión, su hijo era un campesino y líder comunitario que estaba en una fiesta.