MIAMI. El empresario colombo-venezolano Alex Saab se enfrenta desde ayer a la Justicia de EU por un caso de lavado de dinero que tiene de trasfondo la información que él pueda y quiera aportar sobre los presuntos vínculos del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con ese esquema de corrupción.
En una primera audiencia en Miami, en la que la Fiscalía de EU opinó que se trata de un reo que presenta “peligro de fuga” tras haber batallado tenazmente su extradición desde Cabo Verde, África, por más de una año, el juez John O'Sullivan programó la siguiente vista para el próximo 1 de noviembre.
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Saab, quien finalmente fue extraditado el sábado pasado a EU, fue conectado desde su celda a la audiencia virtual, como también lo hizo desde su despacho el abogado Henry Bell, que lo representó.
El extraditado, nacido hace 49 años en Barranquilla, Colombia, estaba solo, sin esposas, con vestimenta de reo color naranja y su característica melena suelta.
En la breve audiencia por Zoom, que tuvo más de 350 participantes, muchos de ellos periodistas, el fiscal estadounidense Kurt Lunkenheimer anticipó al juez que no recomendará la libertad bajo fianza.
Lunkenheimer recordó que Saab acababa de llegar al país este fin de semana después de “batallar la extradición más de 400 días en la República de Cabo Verde”.
El exilio venezolano, que celebró ayer la extradición a las puertas de la corte federal en Miami, considera que el empresario puede ser clave para llevar a Maduro y a su cúpula a la Justicia.
“Estoy convencido de que va a delatar a Maduro. Qué sentido tiene sacrificarse por un régimen corrupto si él puede obtener beneficios, él puede tener una condena más baja”, expresó José Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).
Saab dijo, sin embargo, en una carta leída en Caracas por su esposa, Camila Fabril, que “no tiene nada que colaborar” con el país norteamericano y que no cometió ningún delito.
Los ocho cargos de los que Saab está acusado desde julio de 2019 en EU (siete de blanqueo de capitales y uno de conspiración para cometer ese delito) implican violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), según recordó ayer Departamento de Justicia.
Para la oposición en Miami, la inmediata reacción del gobierno venezolano a la extradición de Saab, que el mismo sábado interrumpió los diálogos con la oposición venezolana que se llevaban a cabo en México, es una muestra de la importancia del caso para Maduro.
La decisión fue criticada por Washington. “Están poniendo el caso de un individuo por encima del bienestar, por encima del sustento de los millones de venezolanos que han dejado claras sus aspiraciones de democracia”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
Según archivos del caso en Miami, en una carta enviada en enero pasado a Saab por el ministro venezolano de Industrias y Producción Nacional, Jorge Arreaza, el funcionario le pide, por petición de Maduro, no aceptar la extradición voluntaria.
La justicia de EU acusa al empresario de 49 años y a su socio Álvaro Pulido, en paradero desconocido, de dirigir una amplia red para desviar fondos de un sistema de subsidios alimentarios en Venezuela.
Según Washington, ambos transfirieron unos 350 millones de dólares desde el país sudamericano a cuentas que controlaban en Estados Unidos y otros países. Si se confirma su culpabilidad, afrontan penas de hasta 20 años de cárcel.
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