Washington.- El estado de Texas programó para el 11 de febrero de 2020 la ejecución del mexicano Abel Revill Ochoa, condenado a muerte por el asesinato de cinco miembros de su familia, según notificó este lunes el estatal Departamento de Justicia Criminal.

Ochoa, de 46 años y nacido en la localidad de Vicente Guerrero (Durango, México), recibirá una inyección letal si no lo impide antes la Justicia en la prisión de Huntsville -cercana a Houston- pasadas las 18.00 hora local (00.00 GMT del 12 de febrero).

El 4 de agosto de 2002, Ochoa asesinó en su vivienda de Dallas (Texas) a su esposa Cecilia; a sus hijas Crystal, de 7 años, y Anaya, una bebé de 9 meses; a su cuñada y a su suegro.

Según los investigadores, la causa de la masacre fue que Ochoa, que era drogadicto, se terminó el crac que tenía a mano. Los abogados defensores argumentaron que su cliente actuó en un estado de delirio inducido por la droga.

Ochoa, por su parte, asegura que no recuerda nada y defiende que "el diablo" le poseyó.

El jurado que lo juzgó en 2003 tardó menos de 10 minutos en deliberar y condenarlo a muerte.

La ejecución en los últimos años de mexicanos en Texas ha estado envuelta siempre de polémica ya que en 2004 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó reconsiderar los casos de 51 ciudadanos de ese país condenados a muerte en EE.UU. en una sentencia conocida como "Fallo Avena".

Ochoa, sin embargo, quedó fuera del fallo al ser su condena posterior al proceso.

A los presos beneficiados por el "Fallo Avena" se les violó según la CIJ su derecho -recogido en la Convención de Viena sobre relaciones consulares- a solicitar asistencia legal a su país tras su detención.

Es por ello que el Gobierno de México, expertos de Naciones Unidas en Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han presionado al estado de Texas para que suspendiera la ejecuciones de mexicanos alegando que no tuvieron juicios justos ni se cumplió con ellos el debido proceso.

Texas, sin embargo, ha desoído las presiones diplomáticas, así como el fallo de la CIJ, al ejecutar en la última década a seis mexicanos.