La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que la Fiscalía de Ayotzinapa, como órgano del Ministerio Público Federal, autónomo e independiente, presentará todos los recursos y las propuestas de diligencias que sean necesarias para responsabilizar a quienes, en toda esta trayectoria delictiva, han incumplido con sus funciones y asimismo, para generar las acciones que puedan iniciarse al margen de la sentencia a la que ya se ha hecho mención.
En una tarjeta informativa, la FGR dio cuenta que desde que ocurrieron los hechos delictivos del 26 y 27 de septiembre de 2014, la investigación del caso Ayotzinapa fue descalificada en forma permanente, tanto por la opinión pública como por los padres y familiares de las víctimas.
En razón de lo expuesto en octubre de 2015, la administración anterior creó una oficina de investigación del caso Iguala la cual también fue descalificada junto con la “verdad histórica” que fue la versión oficial de los hechos delictivos referidos y la cual también fue impugnada por peritos y expertos internacionales.
La FGR detalla que durante todo ese lapso se iniciaron diversas denuncias por parte de familiares, organismos internacionales, organismos no gubernamentales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en razón de las irregularidades e ilegalidades y abusos que se habían dado en las investigaciones y procesos sobre este asunto, llegando algunos de estos recursos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En esas circunstancias, en la administración anterior, el 31 de mayo de 2018, un Tribunal Colegiado emitió una sentencia en amparo señalando principalmente lo siguiente que se debía reponer el procedimiento aplicando, en forma independiente a la PGR, los protocolos de Estambul a los policías locales y diversos procesados que alegaban haber sido torturados para obtener sus confesiones; también deberían establecerse las sanciones por demoras injustificadas y por dictámenes médicos cuestionados.
Además se tendría que crear una comisión de ciudadanos en la que participara la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República para cumplir con las funciones de investigación y persecución de los delitos.
Ante esto, recordó, esa sentencia fue impugnada por la PGR al violentar la función constitucional del Ministerio Público Federal; pero también fue apoyada mediante diversos recursos que han permitido la situación que hoy se está enfrentando. Los padres y sus abogados presentaron recursos que han impedido que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre dicha sentencia del Tribunal Colegiado.
La Fiscalía dejó claro que al iniciarse la presente administración, el Gobierno de la República creó la Comisión para La Verdad encabezada por el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, con la participación de los familiares de dichas víctimas, quienes se han reunido en forma constante, fundamentalmente para realizar diversas acciones en la localización de las víctimas.
Ante esto y desde el principio de la presente administración de la Fiscalía General de la República, está institución y la Subsecretaría iniciaron la búsqueda de un nuevo fiscal independiente y autónomo para Ayotzinapa; y en ese caso los tres primeros candidatos propuestos por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación “se negaron a participar por razones personales y fue hasta el 26 de junio de este año que se nombró a Omar Gómez Trejo; defensor de derechos humanos con una amplia experiencia en el caso, quien aceptó la invitación apoyado por familiares de las víctimas”.
A partir de ese momento, abunda la FGR, el nuevo fiscal independiente y autónomo, con su equipo de trabajo y con el apoyo de la Fiscalía de Derechos Humanos de esta institución, ha venido tratando de obtener toda la información de todos los procesos y de las gestiones ordenadas por la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, hasta que el juez de distrito en Matamoros dio un plazo de 10 días naturales para el cumplimiento de los protocolos de Estambul.
Por lo anterior, la Fiscalía de Ayotzinapa le solicitó la ampliación del plazo para tal cumplimiento, en razón de que cada una de los investigados tiene que dar su anuencia y a dicho protocolo no lo podía aplicar la FGR y se tenía que encontrar una institución inobjetable que los realizara proponiendo para ello a las autoridades de la Ciudad de México en materia de derechos humanos; a todo lo anterior el juez de distrito se negó otorgando la libertad a los policías locales procesados.
