Representantes de los Colectivos Seguridad Sin Guerra, la Justicia que queremos, integrados por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos de víctimas y Amnistía Internacional, señalaron que la iniciativa de reforma que se discute en la Cámara de Diputados formalizaría el paso de la Guardia Nacional –creada en marzo de 2019– a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y su incorporación a la Fuerza Armada Permanente, a pesar de que el uso de militares en las tareas de seguridad pública no ha solucionado la grave crisis de violencia e inseguridad que vive México desde hace tres sexenios.
Los colectivos refieren que la Guardia Nacional es la séptima institución con más quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con 1,772 expedientes registrados, de acuerdo con el Sistema de Alerta de este organismo.
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La reforma constitucional que está por votarse incluye aspectos graves y de altos riesgos para los derechos humanos de la ciudadanía, entre ellos:
- El Presidente podrá usar discrecionalmente y en cualquier momento a la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, seguridad interior y defensa exterior, aun en tiempos de paz.
- La incorporación de la Guardia Nacional a la Fuerza Armada Permanente.
- La facultad de la Guardia Nacional de realizar labores de investigación bajo el mando del Ministerio Público.
En conferencia de prensa, las activistas lamentaron que sus últimos días como presidente, Andrés Manuel López Obrador busca empoderar aún más a las Fuerzas Armadas en el país, otorgándoles facultades constitucionales inimaginables que las convertirían en un poder facultado para tareas de seguridad nacional, seguridad pública, de investigación, de participación en construcciones públicas, de vigilancia y control fronterizo, entre otras, cubiertos de un manto de secrecía y opacidad bajo un fuero militar.
También recordaron las palabras de Andrés Manuel López Obrador, cuando buscaba la Presidencia del país en 2010, “no es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia”, y ahora se olvidó de ello.
Expusieron que “el presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista.
Citaron que la facultad del Poder Legislativo de expedir disposiciones secundarias sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior y seguridad pública.
Aún en tiempos de paz, el Congreso y el Ejecutivo podrán otorgar todo tipo de funciones a la Fuerza Armada Permanente.
La posibilidad de que un militar participe en las elecciones presidenciales, con el hecho simple de no estar en activo seis meses antes de la elección.
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El nuevo titular de la Guardia Nacional será un General de División, designado por el Presidente de la República a propuesta del titular de la Sedena.
Desde los colectivos y Amnistía Internacional, advierten de los graves riesgos para la democracia y la vigencia de los derechos humanos, que significa la reforma.
“Hemos denunciado constantemente los efectos perversos de la militarización de la seguridad pública y de la administración pública, a través de la incorporación de la Guardia Nacional a tareas reservadas al poder civil.
Entre las principales violaciones a derechos humanos atribuidas a la Guardia Nacional se encuentran: faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia; prestar indebidamente el servicio público; detenciones arbitrarias; emplear arbitrariamente la fuerza pública; acciones y omisiones que transgreden los derechos de las personas migrantes; trato cruel, inhumano o degradante.
Además, la participación de militares en la seguridad pública no ha traído beneficios o mejoras en la aplicación de justicia, por el contrario, un foco rojo del uso de militares en tareas de seguridad ciudadana es el abuso de la fuerza, el cual ha sido mayor en este sexenio que en el anterior, de acuerdo con el Análisis de la Propuesta de reforma constitucional sobre las fuerzas armadas en el que la organización Intersecta evalúa el índice de letalidad resultado de los enfrentamientos entre militares y civiles.
“Exigimos que el Congreso discuta seriamente la iniciativa de reforma y que escuche las preocupaciones expresadas por la sociedad civil, incluyendo los efectos que el uso de las Fuerzas Armadas ha traído en la seguridad pública”, demandan.
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