Ciudad de México.- Organizaciones no Gubernamentales se pronunciaron porque el Senado de la República instaure un procedimiento de Parlamento Abierto con participación multiactor, incluida la sociedad civil, para que se asegure que cualquier legislación en materia de ciberseguridad respete los derechos humanos y contribuya realmente a la seguridad de las personas usuarias de tecnologías digitales en México.

Ya que resaltaron que en fechas recientes, se han presentado diversas iniciativas que buscan expedir legislación relacionada con la ciberseguridad en México.

Citaron que el 1 de septiembre de 2020, el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD) presentó una iniciativa para expedir una “Ley General de Ciberseguridad”, además de una serie de reformas y adiciones al Código Penal Federal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Nacional.

Esta iniciativa es similar a la presentada en 2019 por la Senadora Lucía Trasviña (MORENA) para la creación de una “Ley de Seguridad Informática”.

En particular, el artículo 30 de la iniciativa de “Ley General de Ciberseguridad”, propuesta por el Senador Mancera, obliga a proveedores de acceso a Internet a monitorear el tráfico de Internet y “evitar la difusión de información” considerada “prohibida”, sin que exista definición alguna respecto de qué información posee ese carácter. Esto significa el establecimiento de un sistema de monitoreo y control informativo arbitrario y propio de regímenes autoritarios.

Las organizaciones como Articulo 19, Luchadoras, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad; Red en la Defensa de los Derechos Digitales y Social TIC, externaron su preocupación por el contenido de ambas propuestas que, de concretarse, representarían una grave amenaza a los derechos humanos; en particular, la libertad de expresión y el derecho a la privacidad de las personas usuarias de Internet en México.

Dijeron que las iniciativas proponen la creación de múltiples tipos penales amplios, vagos e imprecisos que criminalizan expresiones en línea, usos de tecnología legítimos y cotidianos; además de que amenazan la actividad de investigadores de seguridad, lo cual atenta contra el supuesto objetivo de las iniciativas de proteger la seguridad informática.

Por ejemplo, el artículo 10 de la “Ley de Seguridad Informática”, propuesta por la Senadora Trasviña, sanciona con 4 a 8 años de prisión al que “ejecute un programa” que “altere el funcionamiento” de un “sistema informático”, con lo cual prácticamente toda persona usuaria de una computadora o dispositivo móvil sería criminalizada.

De igual manera, las iniciativas pretenden establecer obligaciones y facultades para que empresas y autoridades adopten medidas que invaden la privacidad de las personas usuarias, así como establecer mecanismos masivos de censura previa en Internet.