Es urgente construir una agenda nacional de paz que atienda la realidad de inseguridad y violencia que impera en el país, pero también la Iglesia debe exigir rendición de cuentas de sus propios muertos y desaparecidos.

Es un dolor punzante que no cesará puesto que, en estos últimos años del sexenio, las agresiones contra clérigos vulnerando su seguridad han ido en aumento.

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Esto no comenzó con el terrible asesinato de los jesuitas de Cerocahui. Ignorar a todos esos asesinados sería cometer otro atroz homicidio, el del olvido, afirmó el Centro Católico Multimedial.

Recordó que en su “Reporte de incidencia de la violencia contra ministros religiosos y laicos de la Iglesia católica en México” de diciembre de 2022, el CCM denuncia los delitos que han acosado y vulnerado la seguridad de las comunidades católicas: robos, extorsiones, agresiones y, lo más grave, la vida arrebatada de nueve laicos y 65 sacerdotes, entre ellos, un cardenal.

Hizo hincapié que hay algo que no debe darse de lado. Durante más de 15 años, el Centro Católico Multimedial -CCM- ha venido denunciando una particular violencia que se incrementa conforme pasan los lustros.

Especializado en la violencia perpetrada contra miembros del clero mexicano, el CCM ha visto cómo esos casos han dejado una estrujante sombra de dolor e impunidad que, al final, concluye con el carpetazo de los casos en el clero sin resolución judicial.

En su editorial titulado “Diálogo Nacional por la paz”, explicó que en el seguimiento de esos casos, el CCM ha concluido que es necesaria una serie de acciones pendientes para vencer la impunidad.

Entre esas está el seguimiento de asuntos y las conclusiones para saber hasta qué punto hemos llegado a la efectiva justicia y reparación del daño para las familias de los clérigos y laicos asesinados.

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El organismo católico indicó que del 21 al 23 de septiembre, la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Compañía de Jesús y la Conferencia de Superiores Religiosos de México realizarán el Diálogo Nacional por la Paz, ambiciosa reunión en la que líderes religiosos, académicos, especialistas y público en general construirán una agenda en un espacio de diálogo plural e incluyente en torno a la seguridad y la construcción de paz.

Los antecedentes a este gran diálogo se han realizado a través de los conversatorios por la paz y la serie de jornadas de oración en las comunidades parroquiales; a lo anterior se suman los diversos foros en espacios académicos y universitarios con el fin de tener un diagnóstico preciso acerca de la seguridad y cómo podría resarcirse el tejido social que, en algunas regiones del país, se encuentra absolutamente desgarrado provocando dolor y desesperación.

En la agenda de Diálogo Nacional que se realizará en la Universidad Iberoamericana de Puebla, habrá momentos de análisis, reflexión y oración; sin embargo, en el programa difundido, no hay presencia confirmada de funcionarios del gobierno federal, sea de la Secretaría de Gobernación o de la de Seguridad y Protección Ciudadana, autoridades que deberían estar a la cabeza e interés por este Diálogo Nacional.

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Y no es para menos, esas mismas han difundido un número sostenido en el decremento de delitos de alto impacto jactándose de una estrategia que está dando resultados paralelos a una realidad distinta.

Al menos, regiones enteras del país no coincidirían con esas cifras alegres en el descenso de los delitos, no en donde los desplazados han dejado todo debido a la implacable presencia de los grupos criminales que asumen lo que el Estado ha dejado de hacer, citó.

Ya que el objetivo del Diálogo Nacional de Puebla es generar un espacio de diálogo plural e incluyente para articular iniciativas locales y construir una agenda nacional de paz que atienda la realidad de inseguridad y violencia que impera en el país, la Iglesia debe exigir rendición de cuentas de sus propios muertos y desaparecidos.

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