El Comité 68 ProLibertades Democráticas calificó como una deshonra la inauguración, en el Campo Militar número 1, del plan de trabajo y coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional en el marco de la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.”

Dijo que es una desgracia para las víctimas del Estado Mexicano, el periodo que pretende investigar la “Comisión ya que el ejército siempre actuó reprimiendo a los movimientos sociales y organizaciones que luchaban por la justicia y por las libertades democráticas, su actuación nada tuvo que ver con garantizar la seguridad nacional o restablecer el orden constitucional.

Porque como es sabido, atacó a multitudes desarmadas, como el 2 de octubre en Tlatelolco cometiendo un genocidio; el 10 de junio entrenando a los cuerpos paramilitares que atacaron a los estudiantes desarmados, o el periodo de la guerra sucia en que desapareció a cientos de activistas opositores al gobierno.

Así como las masacres en Acteal, Chiapas, en Aguas Blancas, Guerrero, en el Bosque, Chiapas, en el Charco, Guerrero, la masacre de la Unión Cívica Leonesa en León, Guanajuato, la masacre de los campesino Copreros en Acapulco, Guerrero, la masacre a la Familia Jaramillo en Tlaquiltenango, Morelos y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y muchos crímenes más.

Por lo que, ningún militar puede ser declarado héroe por asesinar a su pueblo".

Pero ahora, señaló, se aduce que los soldados actuaron por órdenes superiores y esgrimen como justificación la ley orgánica de las Fuerzas Armadas para ejecutar ordenes criminales que atentan contra los principios constitucionales de respeto a los derechos humanos y que ordena respetar la vida, la dignidad humana, la soberanía del pueblo y las garantías de libertad de expresión, de reunión y libre manifestación de las ideas.

“Pero la Ley de las fuerzas Armadas, no esta por encima de la Constitución; además, atentan contra las normas del derecho universal o internacional, que no reconocen las leyes de obediencia debida en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Ningún militar está obligado a cumplir órdenes que violenten los derechos humanos y sus garantías que se establecen en nuestra ley fundamental”.

De ahí que el Comité 68 afirmó que desde luego, pone en duda la actuación y el alcance de los trabajos de dicha Comisión.

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Por lo que condenó enérgicamente la intención de implementar la “teoría de los dos demonios” porque nunca hubo confrontaciones entre dos fuerzas, sino actos de represión del Estado en contra de los movimientos y organizaciones sociales que luchaban por un país más justo.

Afirmó que mantienen su exigencia de justicia a secas, justicia plena, y reprueba cualquier acto que pretenda convertir a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y violación de derechos humanos en héroes, pues con ello se atenta contra el derecho a la verdad y la justicia.

“Que quede claro, no puede haber reconciliación social, verdad y memoria, sin justicia”, recordó.

En la citada ceremonia protocolaria, añadió, se justificaron los actos de represión de los gobiernos de 1965 a 1990, argumentando de que fueron “medidas implementadas para garantizar la seguridad nacional, el orden constitucional o el restablecimiento del estado de derecho”, y se anunció que “el Presidente de la república autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivos de los hechos del pasado en el monumento a los caídos de las fuerzas armadas”.

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