/ lunes 24 de junio de 2024

Una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia obstétrica: GIRE

Principalmente son adolescentes quienes reciben gritos, regaños, son presionadas para aceptar algún método anticonceptivo o para esterilizarse.

El 30.9% de las mujeres y personas con capacidad de gestar en edad reproductiva (15 a 49 años), que informaron haber tenido al menos un parto en los últimos cinco años, experimentaron por lo menos una manifestación de violencia obstétrica, señaló la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021. Es decir, una de cada tres mujeres sufrió algún tipo de violencia obstétrica durante su último parto.

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La Organización civil, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en su estudio “Paso a paso: decisiones emblemáticas sobre salud reproductiva” documentó que dado que existen grupos que son más vulnerables a sufrir violencia obstétrica, es importante tomar en cuenta las características de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar que la han experimentado.

También es el caso de las mujeres y personas gestantes que tienen alguna discapacidad, pues 55.6 por ciento de las mujeres con discapacidad entre 15 y 49 años informaron haber sufrido al menos una manifestación de violencia obstétrica en su último parto.

Las mujeres jóvenes son las más propensas a experimentar este tipo de violencia, con una de cada dos mujeres con discapacidad menor de 20 años que informó haber sufrido al menos un tipo de violencia obstétrica durante su último parto, resalta.

Adolescentes son las principales afectadas

Además, existen diversos estereotipos y formas de discriminación que han afectado e influido en la atención de la salud reproductiva de esta población a lo largo de la historia; ejemplo de ello son las adolescentes, quienes sufren de violencia obstétrica con mayor frecuencia.

De conformidad con la ENDIREH 2021, 36 por ciento de las adolescentes entre 15 y 19 años informaron haber experimentado al menos una de las manifestaciones de este tipo de violencia.

Foto: ilustrativa, cortesía

Refiere que en México, los altos índices en la razón de muerte materna (RMM) representan otro problema. Esto es una violación a los derechos humanos que es responsabilidad del Estado, pues se trata de un asunto estructural que puede prevenirse, refiere a la organización no gubernamental de derechos reproductivos fundada en 1992.

En el año 2000, en el contexto de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM), el Estado mexicano se comprometió a reducir la RMM nacional a 22.3 para el año 2015.

Por desgracia, esto no sucedió, cita. Aunque entre 2010 y 2015 hubo una disminución y la cifra en ese último año fue de 35.04, en los años de la pandemia por Covid-19, el incremento fue significativo. En 2020, la RMM repuntó a 60.96, mientras que en 2021 se estimó en 66.54, el peor año del que se tiene registro desde 1992, cuando la información comenzó a publicarse.

Este incremento equivale a una regresión de cerca de una década en materia de mortalidad materna, afirma.

Las formas más comunes de violencia obstétrica

El Gire señala que una de las formas más comunes de violencia obstétrica en México consiste en gritos y regaños. A esto le sigue la presión para aceptar algún método anticonceptivo o para ser esterilizada e ignorar a la persona embarazada cuando pregunta sobre su parto o por el producto del mismo.

El hecho de que los gritos y regaños sean la forma más común de violencia obstétrica puede deberse a que son lo que las personas usuarias perciben con mayor claridad.

“Estas manifestaciones verbales de violencia son alarmantes porque reflejan un problema profundo y arraigado. Cuando suceden durante el parto y la atención obstétrica, ponen de manifiesto la presencia de un problema estructural y de género en el sistema de atención de la salud”, cita.

Expuso que no se trata sólo de actitudes individuales, sino de un fenómeno arraigado en estereotipos de género, relaciones de poder desiguales y prácticas discriminatorias que afectan los derechos de las mujeres y otras personas gestantes.

Foto: cortesía

Otros factores estructurales condicionan el acceso a servicios de salud

Existen diversos determinantes sociales que influyen en la forma en que las mujeres y personas gestantes acceden a los servicios de salud. La distribución del dinero, el poder y los recursos afectan las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen.

Esto, a su vez, explica las desigualdades que existen en la situación de salud de cada persona y en la atención que reciben por parte del sistema de salud.

En México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) proporciona información sobre las experiencias de diversos tipos de violencia que enfrentan las niñas y mujeres de 15 años en adelante en diferentes contextos.

En 2016, esta encuesta incluyó la medición de la violencia en la atención obstétrica y, en su quinta entrega (2021), agregó también la experiencia durante el último parto de las mujeres y adolescentes que tienen alguna discapacidad.

Foto: Archivo La Prensa

Este tipo de violencia es una violación a los DDHH

El estudio resalta que la violencia obstétrica y la muerte materna son una violación al derecho humano a la vida, el cual está reconocido en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como al derecho a la salud, que se encuentra en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Para poder combatir la violencia obstétrica, el respeto a estas libertades es fundamental, ya que son las mujeres y otras personas gestantes quienes deben decidir sobre cualquier asunto relacionado con su cuerpo y su reproducción.

En el contexto mexicano existen diversas leyes y normas que protegen el derecho a acceder a los servicios de salud y a vivir una vida libre de violencia. La Ley General de Salud (LGS) es la responsable de regular el derecho humano a la salud, establecido en el artículo 4.o constitucional, en cuyo capítulo V se reconoce el carácter prioritario de la atención integral de la salud materno-infantil.

Así, la Secretaría de Salud federal tiene la obligación de impulsar acciones que identifiquen y erradiquen los factores de riesgo para las personas embarazadas, así como de mejorar su acceso a la atención de calidad durante el embarazo, el parto y el puerperio.

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El 30.9% de las mujeres y personas con capacidad de gestar en edad reproductiva (15 a 49 años), que informaron haber tenido al menos un parto en los últimos cinco años, experimentaron por lo menos una manifestación de violencia obstétrica, señaló la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021. Es decir, una de cada tres mujeres sufrió algún tipo de violencia obstétrica durante su último parto.

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La Organización civil, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en su estudio “Paso a paso: decisiones emblemáticas sobre salud reproductiva” documentó que dado que existen grupos que son más vulnerables a sufrir violencia obstétrica, es importante tomar en cuenta las características de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar que la han experimentado.

También es el caso de las mujeres y personas gestantes que tienen alguna discapacidad, pues 55.6 por ciento de las mujeres con discapacidad entre 15 y 49 años informaron haber sufrido al menos una manifestación de violencia obstétrica en su último parto.

Las mujeres jóvenes son las más propensas a experimentar este tipo de violencia, con una de cada dos mujeres con discapacidad menor de 20 años que informó haber sufrido al menos un tipo de violencia obstétrica durante su último parto, resalta.

Adolescentes son las principales afectadas

Además, existen diversos estereotipos y formas de discriminación que han afectado e influido en la atención de la salud reproductiva de esta población a lo largo de la historia; ejemplo de ello son las adolescentes, quienes sufren de violencia obstétrica con mayor frecuencia.

De conformidad con la ENDIREH 2021, 36 por ciento de las adolescentes entre 15 y 19 años informaron haber experimentado al menos una de las manifestaciones de este tipo de violencia.

Foto: ilustrativa, cortesía

Refiere que en México, los altos índices en la razón de muerte materna (RMM) representan otro problema. Esto es una violación a los derechos humanos que es responsabilidad del Estado, pues se trata de un asunto estructural que puede prevenirse, refiere a la organización no gubernamental de derechos reproductivos fundada en 1992.

En el año 2000, en el contexto de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM), el Estado mexicano se comprometió a reducir la RMM nacional a 22.3 para el año 2015.

Por desgracia, esto no sucedió, cita. Aunque entre 2010 y 2015 hubo una disminución y la cifra en ese último año fue de 35.04, en los años de la pandemia por Covid-19, el incremento fue significativo. En 2020, la RMM repuntó a 60.96, mientras que en 2021 se estimó en 66.54, el peor año del que se tiene registro desde 1992, cuando la información comenzó a publicarse.

Este incremento equivale a una regresión de cerca de una década en materia de mortalidad materna, afirma.

Las formas más comunes de violencia obstétrica

El Gire señala que una de las formas más comunes de violencia obstétrica en México consiste en gritos y regaños. A esto le sigue la presión para aceptar algún método anticonceptivo o para ser esterilizada e ignorar a la persona embarazada cuando pregunta sobre su parto o por el producto del mismo.

El hecho de que los gritos y regaños sean la forma más común de violencia obstétrica puede deberse a que son lo que las personas usuarias perciben con mayor claridad.

“Estas manifestaciones verbales de violencia son alarmantes porque reflejan un problema profundo y arraigado. Cuando suceden durante el parto y la atención obstétrica, ponen de manifiesto la presencia de un problema estructural y de género en el sistema de atención de la salud”, cita.

Expuso que no se trata sólo de actitudes individuales, sino de un fenómeno arraigado en estereotipos de género, relaciones de poder desiguales y prácticas discriminatorias que afectan los derechos de las mujeres y otras personas gestantes.

Foto: cortesía

Otros factores estructurales condicionan el acceso a servicios de salud

Existen diversos determinantes sociales que influyen en la forma en que las mujeres y personas gestantes acceden a los servicios de salud. La distribución del dinero, el poder y los recursos afectan las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen.

Esto, a su vez, explica las desigualdades que existen en la situación de salud de cada persona y en la atención que reciben por parte del sistema de salud.

En México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) proporciona información sobre las experiencias de diversos tipos de violencia que enfrentan las niñas y mujeres de 15 años en adelante en diferentes contextos.

En 2016, esta encuesta incluyó la medición de la violencia en la atención obstétrica y, en su quinta entrega (2021), agregó también la experiencia durante el último parto de las mujeres y adolescentes que tienen alguna discapacidad.

Foto: Archivo La Prensa

Este tipo de violencia es una violación a los DDHH

El estudio resalta que la violencia obstétrica y la muerte materna son una violación al derecho humano a la vida, el cual está reconocido en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como al derecho a la salud, que se encuentra en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Para poder combatir la violencia obstétrica, el respeto a estas libertades es fundamental, ya que son las mujeres y otras personas gestantes quienes deben decidir sobre cualquier asunto relacionado con su cuerpo y su reproducción.

En el contexto mexicano existen diversas leyes y normas que protegen el derecho a acceder a los servicios de salud y a vivir una vida libre de violencia. La Ley General de Salud (LGS) es la responsable de regular el derecho humano a la salud, establecido en el artículo 4.o constitucional, en cuyo capítulo V se reconoce el carácter prioritario de la atención integral de la salud materno-infantil.

Así, la Secretaría de Salud federal tiene la obligación de impulsar acciones que identifiquen y erradiquen los factores de riesgo para las personas embarazadas, así como de mejorar su acceso a la atención de calidad durante el embarazo, el parto y el puerperio.

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