La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) está obligada a transparentar e informar directamente sobre el ejercicio de recursos públicos por un monto de 6,005 millones de dólares, que recibió por parte del Gobierno de México, para la compra de medicamentos.
Así lo señaló la investigadora y experta en temas de transparencia y acceso a la información, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, quien solicitó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) hacer uso de sus facultades, para que la UNOPS cumpla con la normatividad mexicana a la que quedó obligada a cumplir, tras recibir recursos públicos.
La ex Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) de 2009 a 2014, advirtió que el organismo internacional es sujeto obligado a cumplir con la normatividad mexicana en materia de transparencia porque, de lo contrario, “los mexicanos no podremos auditar ni conocer directamente la información sobre los procesos de licitación que, a nombre y por cuenta del gobierno mexicano, realiza la UNOPS violando el derecho constitucional de Acceso a la Información y Transparencia.
Pérez-Jaén Zermeño recordó el 13 de febrero de 2019, el gobierno de México y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOS) suscribieron un acuerdo, a fin de que el organismo internacional brindará asistencia técnica en todas las acciones relacionadas con la administración y gestión de proyectos, adquisiciones de bienes y servicios.
El 31 de julio de 2021, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y la UNOPS, suscribieron un Acuerdo Específico para la adquisición de medicamentos y materiales de curación, en el cual se facultó a la UNOPS a realizar, a nombre del Gobierno Mexicano, los procedimientos de licitación con la finalidad de abastecer de medicamentos y material de curación al sistema de salud mexicano para el periodo 2021-2024, por el cual se le otorgará un monto de USD $6,005,000,000.00 (Seis mil cinco millones de dólares) para que realice estas funciones.
En seguimiento a estos acuerdos, la investigadora y especialista en temas de acceso a la información señaló que se hicieron múltiples solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia a la Oficina de la Presidencia de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al INSABI.
Sin embargo, indicó que las respuestas han sido más o menos unánimes y las dependencias han declarado la inexistencia de la información, aun cuando estas peticiones han sido sobre documentos que se mencionan en los propios acuerdos y sobre informes en los que se sustenta el Presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer sus declaraciones en las conferencias matutinas.
Como consecuencia de no obtener información oficial de las entidades públicas mencionadas, sobre la adquisición de medicamentos y materiales de curación que realiza la UNOPS, se presentaron solicitudes de información a los correos: cu@unops.org y comunicaciones.mexico@unops.org con copia al correo de fraudes de la UNOPS, para que entregará la información.
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La investigadora María Elena Pérez-Jaén informó que hasta la fecha ni siquiera han acusado recibo de estas, y por parte del correo de fraudes de la UNOPS, solo han recibido dos acuses de enterados.
La ex comisionada del entonces IFAI señaló que de conformidad a la Ley General y de la Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quienes reciban recursos económicos públicos o realicen actos de autoridad, deberán de ser sujetos directos de la Ley, lo que significa que la UNOPS debe cumplir con las 48 obligaciones de transparencia plasmadas en la Ley General en su artículo 70, e implementar los mecanismos para que cualquier persona pueda requerir la información.
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