Al conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la residenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Margarita Darlene Rojas Olvera, señaló que en la capital del país persisten los despidos injustificados de trabajadoras embarazadas.
En 2018 se registraron 148 demandas y este año, hasta el mes de noviembre en curso, suman 182 los casos atendidos ante la Junta Especial No. 19 del tribunal laboral capitalino.
Señaló que la integración de programas para eliminar la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral se debe hacer con visión integral, que parta del análisis y diagnósticos precisos e identifique las brechas que evitan la igualdad entre mujeres y hombres.
La titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la CDMX, indicó que por los despidos de mujeres embarazadas y otras realidades agresiones, en la pasada Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, del 10 de junio, se adoptó el Convenio Sobre Violencia y Acoso 2019, así como la Recomendación Sobre Violencia y Acoso 2019.
Advirtió que es necesario atender todas las causas que alimentan la violencia de género “que tanto lastima e indigna a la sociedad. La violencia crea una vorágine en que las mujeres embarazadas viven de manera peculiar su realidad, que las denigra, las humilla y las cosifica. En los hechos, muchas han dejado sus hogares o su trabajo, han abandonado a su familia huyendo de todo tipo de violencia”.
En la inauguración del ciclo Innovación y Desarrollo para la Igualdad Sustantiva, La impartición de Justicia en la CDMX, por una vida libre, digna y solidaria para Mujeres y Niñas”, realizado en la sede del Tribunal Superior de Justicia de la capital del país, Darlene Rojas manifestó, “desde este tribunal, encargado de la impartición de justicia, en donde se juzga con perspectiva de género, exigimos detener la violencia hacia las mujeres”.
La transversalidad de la perspectiva de género y las reglas de operación de cada centro de trabajo tengan un enfoque integral, atendiendo lo dispuesto en las reformas recientes a la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, así como en los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país y avalados ya por el Senado de la República.
Los programas de prevención se deben sustentar en objetivos medibles, contener información sobre los procedimientos para la presentación de quejas y su investigación.
De igual manera, debe tener plena aplicación y vigencia lo dispuesto en el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo y en la LFT, en materia de garantizar los derechos a la negociación colectiva y libertad sindical, así como la integración de las cuotas de género en la conformación de los comités directivos de los sindicatos.
EGS