El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la inadecuada investigación que hace México sobre el alarmante número de desapariciones en el país, estimadas en casi 112 mil por las autoridades.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en julio pasado un nuevo padrón de desaparecidos mediante la revisión de casos “casa por casa” y consideró que el censo actual es excesivo y está desactualizado, despertando molestia de familiares de las víctimas y colectivos de búsqueda.
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“El Comité llamó a México a garantizar la transparencia de la metodología utilizada para actualizar el Registro Nacional (de desaparecidos) a fin de garantizar la confiabilidad de los datos recopilados”, dijo el organismo en un informe tras una misión en septiembre al país.
El CED denunció también que los datos se están actualizando sin seguir estándares internacionales y expresó “su preocupación por la investigación inadecuada del alarmante número de desapariciones, sus consiguientes bajas condenas y una impunidad casi absoluta”.
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Además, pidió que el proceso sea coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda “de manera independiente e imparcial” y establecer mecanismos que aseguren la participación de los grupos de víctimas.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, entre 1962 y el pasado 3 de octubre desaparecieron 257 mil personas, de las cuales 37.72 por ciento siguen sin ser localizadas.
Tras anunciar López Obrador la realización de un nuevo censo, el colectivo Madres Buscadoras por la Paz, dedicadas a localizar a sus hijos desaparecidos, criticaron la iniciativa por considerarla revictimizante y denunciaron que el mandatario sólo busca con la iniciativa rebajar la cifra de víctimas.
“Nunca ha hecho caso, no le gusta que lo contradigan (al Presidente) aunque sea mentira, lo único que atendieron es el Centro de Identificación Humana, pero está inoperante”, dijo la vocera del colectivo Diez de Marzo, Delia Quiroa Valdez.
“Identifican cuerpos pero no los entregan porque no quieren aumentar las cifras”, aseguró la activista, quien en agosto del 2021 solicitó autorización al crimen organizado para realizar una búsqueda en el predio La Bartolina, ubicado en Matamoros, Tamaulipas, y considerado el campo de exterminio más grande del país, pues se recuperaron más de media tonelada de restos óseos humanos.
Destacó que la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, el 24 de agosto de este año no representó un cambio.
“Si está o no está esa mujer mientras siga la misma política del Presidente las cosas van a seguir igual, qué bueno que se fue y que renunció”, opinó.
La mujer activista que busca a su hermano Roberto, secuestrado el 10 de marzo de 2014 en el municipio de Reynosa, dijo que a las autoridades no les conviene buscar a fondo.
“No habrá una cifra real si no se toma en cuenta las familias, no va a haber una certeza en el tema; les hemos dicho que esos 112 mil que hay en el registro son más, son más desaparecidos”, aseveró
Enfatizó que si no se cambia la política de cercanía con los desaparecidos, la situación no va a mejorar.
“Mientras no se pongan a trabajar en colaboración con las familias de los colectivos no va a haber una cifra certera bien a bien”, consideró.
Recalcó que el actual Gobierno de México no realizará una búsqueda real porque se acercan las elecciones presidenciales en junio del 2024.
“No creo que lo vayan a hacer ahora que vienen las campañas porque eso los va a dejar muy mal”, puntualizó Quiroa Valdez.
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Mientras el debate sobre la cifra de desaparecidos continúa, decenas de colectivos de búsqueda trabajan en predios, campos, lotes baldíos y cualquier lugar donde haya indicios de cuerpos sepultados o fosas clandestinas.
En Baja California, la fundación Todos Somos Erick Carrillo realiza una búsqueda en las inmediaciones de Las Campiñas, en el ejido Villa Zapata de Mexicali, donde anteriormente varios colectivos de búsqueda ya habían localizado restos óseos en fosas clandestinas.
