Juan Martin Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), manifestó que el operativo mochila y el que se realiza con binomios caninos es un “engaña bobos”, que responde mediáticamente para no reconocer la responsabilidad de la justicia y pretenden convertir a los padres, madres y maestros en policías.
Dijo que judicializar a las escuelas y a los niños no es buena práctica, se viola los derechos humanos de los infantes, ello a propósito de los hechos del pasado viernes en la escuela Cervantes de Torreón, Coahuila.
Pérez García resaltó que los niños no son un peligro, los niños están en peligro en nuestro país.
En una entrevista con este diario opinó que el uso de policías o de binomios caninos es un despropósito, es un uso desproporcionado de la fuerza y sin recursos que se distraen de la tarea principal.
Pues agregó que la evidencia señala que los delitos no se cometen en las escuelas, no los cometen niños y niñas, y particularmente son elementos que distraen, el problema central es la violencia que viven los infantes y adolescentes que se traduce en 3.6 homicidios diarios, 7 desapariciones en total impunidad y que de cada 100 carpetas de investigación, donde los niños son víctimas de un hecho delictivo sólo 3 alcanzan algún tipo de sentencia, “ese es el problema”.
Ante la agresión y violación de los derechos humanos de la niñez, ya se emitió una recomendación de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Por lo que el director del REDIM, recordó que la CNDH en agosto pasado, emitió la Recomendación 48/2019 al Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, por el Operativo Mochila Segura, durante la pasada administración, ya violentó los derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez de los alumnos que asisten a escuelas públicas y privadas de educación básica en la Ciudad de México.
Expuso que tras sus investigaciones, derivadas de dos quejas que consideraron “el operativo” como un acto de molestia y una política criminalizante contra la niñez mexicana, este organismo constitucional autónomo constató que las autoridades escolares y educativas que lo instruyeron y aplicaron, trasgredieron los derechos mencionados.
Al no implementar medidas de protección y de cuidado con un enfoque de derechos humanos que garantice el ejercicio pleno de todos sus derechos y advirtió que “el operativo” no tiene un protocolo general y homologado que permita su aplicación a nivel nacional, que considere el contexto de cada entidad federativa con enfoque de derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, considera que ante la creciente violencia en los diferentes ámbitos de convivencia del país, cualquier mecanismo que se implemente en relación con la niñez debe ser considerada como una medida de protección y de cuidado y no de seguridad.
EGS
