Tras el comunicado dado a conocer por la organización religiosa Los Legionarios de Cristo, en el que se hace público un informe que revela estadísticas de casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes por parte de sacerdotes de esa congregación, entre los años 1941 y 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó todo acto de violencia sexual.
Urgió a las autoridades del Estado mexicano a implementar medidas de prevención, atención efectiva y de recuperación a las víctimas, así como erradicar toda práctica cultural o religiosa que justifique cualquier acto que comprometa la integridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes.
Las agresiones de carácter sexual que se cometen en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, vulneran su integridad física, psicológica y emocional, y transgreden sus derechos a una vida libre de violencia y a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral.
El organismo externó su solidaridad con las personas que han sido víctimas de abuso sexual y violación en colegios de dicha orden religiosa y llamó a las autoridades de gobierno a implementar medidas para la no repetición de casos de esa naturaleza, y se garantice la seguridad de niñas, niños y adolescentes ante el flagelo que representa la violencia sexual.
Consecuentemente, recordó que por mandato del artículo 4 Constitucional tienen el deber de considerar de manera primordial el interés superior de la niñez y adolescencia en todas sus decisiones, actuaciones, programas y políticas.
Por ello, presentó ante la subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, un atento exhorto para que de forma coordinada con las instancias competentes se implementen acciones para prevenir y atender ese fenómeno.
Se garantice que las actividades de las agrupaciones religiosas se apeguen a los estándares constitucionales, convencionales y legales en materia de respecto, promoción y protección de los derechos de la población menor de edad, sensibilizándoles sobre la importancia de reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos.
Promover con líderes y organizaciones religiosas la adopción de medidas para prevenir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y se establezcan mecanismos de denuncias antes las autoridades competentes, evitando procedimientos de carácter conciliatorio.
Implementar protocolos de prevención y atención a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, señalando obligaciones a sus líderes y adeptos, y las consecuencias de omitir brindar atención a víctimas de cualquier tipo violencia.
Implementar dichas actividades de prevención y protección en escuelas, albergues, estancias infantiles, centros de asistencia social comedores, casas de retiro, o cualquier otro lugar relacionado con su objeto social. Implementar registros donde se compilen datos desagregados sobre la incidencia de delitos sexuales por ministros o integrantes de cultos religiosos.
Asegurar prácticas que eviten la victimización secundaría y la difusión de datos personales de niñas, niño y adolescentes víctimas de violencia sexual.
En las observaciones finales a los informes periódicos Cuarto y Quinto Consolidados de México, dicho comité externó su profunda preocupación por las niñas y niños que fueron abusados sexualmente durante varios años, y recomendó, entre otras cosas, medidas para investigar y llevar a juicio a todos los miembros que hayan estado involucrados o hayan sido cómplices de abuso o explotación sexual. Este año México, deberá presentar ante el comité los avances de éstas y otras observaciones, por lo que su atención es prioritaria.
En términos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Estado, la comunidad y las familias, tienen la obligación de adoptar todas las medidas preventivas necesarias para evitar que actos como la violación y el abuso sexual ocurran.
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