El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que en la reforma judicial se deben abrir espacios para que los jóvenes recién graduados como abogados tengan la oportunidad de postularse para ser jueces; sin embargo, 10.85 por ciento de las más de dos mil escuelas de derecho que existen en México tienen programas educativos certificados, es decir, la gran mayoría de los abogados egresan de instituciones que no tienen calidad.
Datos del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) revelan que desde la década de los 90 han proliferado este tipo de escuelas, sin que las autoridades educativas hayan emprendido acciones para regular su apertura y evaluar la calidad de la enseñanza.
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De 364 que existían en 1997, actualmente suman dos mil 119, lo que significa que cada semana, en promedio, se abre una nueva institución que ofrece la licenciatura en Derecho.
En su informe 2022-2023, la CEEAD notificó que el país cuenta con dos mil 553 instituciones de educación superior con autorización para impartir la licenciatura en derecho; de ellas, dos mil 199 están vigentes y 434 no reportan actividad. La mayoría, mil 920 planteles, son privados y apenas 199 son públicos.
Debido a que una institución puede ofrecer la misma carrera en diversos planteles, en el país existen dos mil 506 programas activos de licenciatura en derecho, pero sólo 272, equivalentes al 10.85 por ciento, tienen una certificación de calidad, es decir, que cuentan con los estándares mínimos para preparar abogados capaces, profesionales y éticos.
En México, la mayoría de las evaluaciones a las escuelas de abogados las realizan el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho (Confede), el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho (Conaed), los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica (CACSLA) y el Consejo para Acreditación de la Educación Superior (Copaes).
El pasado martes, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador propuso que se elimine del proyecto de reforma al Poder Judicial el requisito de tener cinco años de experiencia para postularse como juez, magistrado o ministro.
“Se nos fue en la iniciativa que tienen que tener cinco años de experiencia los que puedan participar como jueces, magistrados y ministros. Yo he estado en contra de eso, soy más partidario de que una mujer, un hombre que se titula como abogado sale con mucho entusiasmo de hacer valer la ley, está lleno de frescura, de ideales”, expresó el mandatario.
En la mañanera del día siguiente, volvió a insistir en el tema. “Cuando hablan de experiencia ahí tengo mis dudas, porque, entre más experiencia, aprenden también más trucos, mañas. En cambio, un joven que está saliendo ilusionado, un idealista del Derecho, con deseos de impartir justicia, de no corromperse, es una garantía”.
En entrevista con El Sol de México, el investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Diego Valadés, dijo que “la iniciativa de reforma al Poder Judicial no aborda los temas de fondo que están afectando la vida de la justicia en el país, uno de ellos es justamente la preparación de los jóvenes abogados de México, entre otras cosas porque la mayor parte de las instituciones de educación superior en materia de derecho carecen de los instrumentos adecuados para la enseñanza y defraudan de manera ostensible las expectativas de una juventud incauta”.
Expuso que cuando estos egresados salen a litigar, descubren que no tienen otra opción más que utilizar vías de corrupción ante el Ministerio Público, juzgados e instancias administrativas, para atender los casos que llegan a sus manos.
Fernando Peniche, director del Conaed, dijo que la apertura indiscriminada de escuelas de derecho en las últimas dos décadas obedece a la laxitud de la normativa en la que se basa la autoridad educativa para otorgar los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE).
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La mayoría de las escuelas improvisadas no pueden armar un programa de calidad y no pueden aspirar a tener una acreditación, como sí lo tienen la UNAM, el Tec de Monterrey, la Universidad Panamericana, la Universidad Iberoamericana, el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, el CIDE, la Universidad del Valle de México o la Universidad La Salle, entre otras.
Ya desde 2016, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) había alertado sobre la anarquía con que estaban apareciendo cientos de escuelas de derecho en el país.
