Tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas externaron su preocupación contra la llamada "Ley Garrote", en el estado de Tabasco, por lo que demandaron al gobierno federal interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En caso de que no exista voluntad para realizar ese trámite, "explicar por qué y cómo propone garantizar que esa legislación no se aplique en violación de los derechos humanos".
En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, los relatores especiales externaron su inquietud por la entrada en vigor de esa ley, debido a que "la intervención penal utilizada es excesiva en sus consecuencias y en su limitación al disfrute de derechos humanos".
Esa nueva norma puede tener un efecto negativo en las personas que defienden sus derechos, en particular las comunidades indígenas afectadas por megaproyectos, que podrían ser sancionados con la prisión por ejercer su derecho a manifestarse y expresarse.
En un comunicado, se informó que la misiva, fechada en GInebra, Suiza, fue firmada por los relatores especiales sobre libertad de expresión, David Kaye; sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule; y sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
Los relatores se manifestaron extrañados por el corto tiempo de debate para la adopción de esta normativa, que se basó en modificaciones al código penal de la entidad para castigar a quienes impidan la ejecución de obras públicas y endurece las penas por realizar bloqueos de vías de comunicación-, ya que eso impidió llevar consultas previas con diferentes actores.
Los expertos hicieron patente su preocupación por el efecto que dicha reforma tendrá en el disfrute de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica.
Indicaron que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU -ratificado por México, por lo que está obligado a cumplirlo- asienta los "objetivos legítimos" para restringir los dos derechos anteriormente mencionados: la protección de la seguridad nacional, del orden público, de la salud pública o la moral; y en el caso de la libertad de expresión, el respeto a los derechos o a la reputación de otros.
De ahí que solicitaron al gobierno de López Obrador información o cualquier comentario sobre las preocupaciones que le expresan en la misiva, así como sobre las medidas tomadas por su administración para asegurarse que todas las regulaciones y legislaciones adoptadas, federales o estatales, respeten el derecho y los estándares internacionales de los derechos humanos.
JLP
