A seis días para el retorno de los niños, niñas y adolescentes a las clases presenciales en el país, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) considera que el regreso seguro a los planteles es necesario, porque hoy existen más problemas que impactan a niñas, niños y adolescentes y que deben ser discutidos en espacios como la escuela.
Resaltó que frente al aumento en la violencia domestica, así como en el trabajo infantil durante la pandemia, resulta fundamental recordar que las escuelas son también espacios de protección, en especial para las niñas.
“El retorno a las aulas ofrece a menudo mejores condiciones para mantenerles lejos de problemas que se repotenciaron en pandemia como el feminicidio, la violencia en el hogar, la pornografía infantil, el trabajo infantil, entre otros males que hoy los y las dañan”.
Sin embargo, queremos dejar claro que el regreso presencial a las aulas debe hacerse con el más absoluto sentido de responsabilidad, refirió.
Asimismo, la Redim agradeció la decisión del gobierno federal de anunciar el retorno a las clases presenciales, como parte de la recuperación de la socialización que requieren nuestros niños y niñas para tener un desarrollo integral en sus vidas.
En un pronunciamiento, indicó que regreso a las clases presenciales, seguro y sin discriminación requerirá de una estrategia continuada y de un gran diálogo nacional, corresponsable y participativo, que prioricen el interés superior de la niñez.
Por lo que resulta fundamental relacionar esta conversación pública con la necesidad de incluir a niñas, niños y adolescentes en la estrategia nacional de vacunación ante los 63,182 niñas, niños y adolescentes en México que habían sido infectados por el virus al 15 de agosto de 2021 ectados por el virus al 15 de agosto de 2021.
También demanda a las autoridades e instituciones responsables de la protección de niñas, niños y adolescentes que se avoquen a la ejecución de un plan para el diagnóstico de condiciones, riesgos y ajustes en las escuelas. Que se establezca un gran diálogo nacional en el que se escuche la voz de las comunidades educativas, principalmente las de niños, niñas, adolescentes; así como padres, madres, tutores o tutoras; docentes y personal educativo, para así lograr construir una estrategia de corto y mediano plazo lo suficientemente clara, segura y flexible, que permita evaluar y garantizar las mejores condiciones posibles para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022.
Ante el tiempo “ganado” en México para esta puesta en marcha, tenemos preocupación por la evidente falta de planificación y organización en la estrategia de regreso a las aulas en lo que debería ser una eficiente coordinación entre las secretarías de Educación, Salud y en general del propio Ejecutivo Federal. No observamos evidencias de una estrategia integral para garantizar que el inicio de las clases presenciales, a partir del 30 de agosto, cuente con todas las medidas que se requieren para asegurar de manera efectiva el acceso a los derechos a la educación y a la salud que deben tener los alumnos y alumnas en México, incluyendo el de la participación e información; de ahí la necesidad de una estrategia de avances progresivos.
El organismo protector de la infancia indicó que le preocupa la poca claridad que existe al momento sobre qué entidades del país podrán retomar las clases presenciales.
A pocos días del regreso a clases es inexcusable la falta información dirigida a niñas, niños y adolescentes en donde se les explique qué es lo que están a punto de vivir. Dejar esta labor a las familias no da cuenta de una política pública con perspectiva de derechos de la niñez.
Los procesos de participación de la niñez en las decisiones que los afectan han sido escasos y sería muy positivo instalarlos como parte de la estrategia dialogada y progresiva que se establezca.
Es insuficiente que las autoridades se limiten a publicar el calendario escolar o protocolos sanitarios genéricos, sin ofrecer más información y espacios de diálogo.
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Resulta fundamental relacionar esta conversación pública con la necesidad de incluir a niñas, niños y adolescentes en la estrategia nacional de vacunación. Si bien saludamos que, frente al panorama descrito, desde la justicia mexicana se estén sentando precedentes para proteger a las infancias a partir de amparos que posibilitan la vacunación de niñas y niños en estados como San Luis Potosí o Oaxaca; esto dista mucho de ser una política de salud incluyente, por lo que alertamos sobre la posibilidad de que esta exclusión pueda materializarse en un acto de discriminación. Especialmente si se toma en consideración lo argumentado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en su comunicado 2321, donde señala que la vacuna Pfizer-BioNTech puede ser aplicada a personas desde los 12 años de edad.
No es aceptable que las infancias y sus familias deban realizar un procedimiento judicial de difícil alcance como el amparo, para tener acceso a este servicio de salud.
La plena y adecuada vacunación del personal docente resulta crítica también en la actual situación.
Dicha preocupación se fundamenta en las propias cifras oficiales del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) sobre el Covid-19 que señalan que al menos 63,182 niñas, niños y adolescentes en México (11,746 de 0 a 5 años, 15,097 de 6 a 11 años y 36,339 de 12 a 17 años) habían sido infectados por el virus al 15 de agosto de 2021.
Entre ellos destacan las lamentables muestres de 623 niñas, niños y adolescentes (343 de 0 a 5 años, 89 de 6 a 11 años y 191 de 12 a 17 años).
Nos vemos en la necesidad de alertar sobre este escenario, fuera de cualquier campaña de descrédito, al observar la dinámica de contagios sumada a la no vacunación de este grupo de población y a las afirmaciones del Ejecutivo sobre que sólo actuarán en la vacunación de niños, niñas y adolescentes, si se presente una “situación de gravedad”. No podemos esperar el peor escenario en contagios y riesgos de vida para actuar, en vez de prevenir.
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