La Procuraduría Federal del Consumir (Profeco) destacó la importancia de la variedad de estrategias y recursos diseñados para mejorar la protección al consumidor y facilitar el acceso a la información, consolidando su papel como garante de los derechos de los consumidores en México.
A través de un comunicado, la Profeco recordó que a través de la plataforma Concilianet, ha logrado resolver más de 10,800 disputas, recuperando más de 28 millones de pesos en favor de los consumidores. Asimismo, el Registro Público de Contratos de Adhesión registró 10,554 nuevos contratos, con lo que se promueve la transparencia en las relaciones comerciales y protege a los consumidores de posibles abusos.
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En el caso del Teléfono del Consumidor, este ha demostrado ser una herramienta crucial en la atención de consultas y quejas, con más de 1.3 millones de interacciones en 2023 con una efectividad del 95.27%. “La plataforma digital ha permitido a los usuarios acceder fácilmente a información y orientación desde cualquier dispositivo, ampliando así su alcance y efectividad”, destacó la Profeco en el comunicado.
Otro de los programas más destacados es “Quién es Quién en los Precios”, que se ha convertido en una referencia indispensable para los consumidores, al ofrecer comparativas de precios en diversos establecimientos. Este programa que se presenta regularmente durante las conferencias matutinas del presidente López Obrador, ha sido clave para que los consumidores tomen decisiones más informadas.
En el caso de la Revista del Consumidor, también ha jugado un papel fundamental, alcanzando mensualmente a más de 9 millones de personas y promoviendo una cultura de consumo responsable.
Así mismo, la Profeco ha ampliado su red de Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO), con 38 puntos de atención que ofrecen asesoría y apoyo directo a los consumidores en todo el país.
Ante las acusaciones de acoso y abuso laboral que enfrentó el titular de la Profeco, David Aguilar Romero, “la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que no había suficientes pruebas para respaldar las denuncias. Esta conclusión se basó en parte en la negativa de la denunciante a someterse a pruebas psicológicas fundamentales para la investigación”, concluye el organismo defensor de los consumidores.
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