En el marco de la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dio "el banderazo" de salida a su proyecto denominado Tren Maya, Greenpeace México, junto con organizaciones y ciudadanos, externaron su rechazo al proyecto, porque daña gravemente el medio ambiente y viola el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades, entre otros.
Advirtieron la serie de consecuencias ambientales del Tren y los atropellos a los derechos y garantías de la población local (especialmente pueblos indígenas), tras el banderazo -totalmente inoportuno-, en medio de la pandemia del Covid-19.
En carta dirigida al primer mandatario, 159 organizaciones, 85 activistas y académicos, subrayan que el Tren Maya, como detonador del desarrollo, que se debe rechazar por diversos aspectos en lo particular.
Existen diversos amparos que ordenan la suspensión del proyecto y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ordenó la suspensión de actividades no esenciales del proyecto, como medida cautelar, por lo cual la visita del Presidente atentaría contra el orden Constitucional.
Además, por la pandemia, han sido canceladas las reuniones informativas y mesas de discusión, y se ha establecido que los términos para obtener información no corren, lo cual limita el acceso de la población involucrada a información cabal, suficiente y oportuna.
El megaproyecto afecta de manera directa a comunidades indígenas de al menos cuatro entidades y avanza sin la participación de los pueblos originarios y de otros sectores de la sociedad.
“No existió un diálogo preliminar con las comunidades pasando por alto el derecho que tienen a decidir libremente su futuro, (derecho a la libre determinación)”.
Las reuniones realizadas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del 2019, no pueden ser consideradas como proceso de consulta indígena, porque se efectuaron a través de instancias no representativas y no cumplió con los estándares del derecho a la consulta, establecido en el Convenio 169 de la OIT.
Hay serios cuestionamientos a la viabilidad ambiental del proyecto, como han señalado académicos, académicas y comunidades e instancias del propio gobierno federal.
Un estudio realizado por 30 científicos convocados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), señala los riesgos ambientales y sociales del proyecto.
Éste y otros estudios concluyen que el Tren Maya propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de 23 Áreas Naturales Protegidas, entre las cuales se encuentran áreas de Quintana Roo como Yum Balam, Manglares de Nichupté, Uaymil y las Reservas de la Biosfera de Sian Ka’an y Calakmul, ambas patrimonio de la Humanidad, así como siete Regiones Terrestres Prioritarias.
El Tren, ha sido presentado como uno de los principales proyectos de la actual administración federal. En el discurso, la obra servirá para "detonar el desarrollo del sureste y potenciar el turismo y el desarrollo económico de la región".
(EGS)
