En el marco del Día Internacional Contra la Trata de Personas, este 30 de julio, se recordó que de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en México, 2,065 personas de 0 a 17 años (1,511 mujeres y 554 hombres) han sido víctimas de trata de personas de enero de 2015 a enero de 2023.
Los Estados donde más trata de personas se ha registrado en lo que va del año en curso son Sinaloa (17), Ciudad de México (6) y Nuevo León (4).
De acuerdo a cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), el promedio mensual de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas en México ha aumentado de 15.6 entre enero de 2015 y diciembre de 2018 a 26.9 entre enero de 2019 y enero de 2023.
Como consecuencia, durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de enero de 2019 a enero de 2023, el número de personas de 0 a 17 años que han sido víctima
s de trata de personas en el país se ha elevado a 1,317 casos (980 mujeres y 337 hombres).La organización de la sociedad civil, Unión Mujer, denuncia que la explotación sexual es una de las formas más comunes de trata de personas en México. Mujeres y niñas son engañadas con falsas promesas de trabajo o mejores oportunidades para luego ser sometidas a esclavitud sexual. Además, se registran casos de trata con fines de trabajo forzado, mendicidad y extracción de órganos.
Las rutas migratorias que atraviesa México representan una vía de acceso para los traficantes de personas que lucran a expensas de los migrantes vulnerables. Esto agrava la problemática y pone en evidencia la necesidad de una cooperación internacional para abordar este crimen transnacional.
Desde Unión Mujer “exigimos el inicio de carpetas de investigación por Estado que permitan implementar medidas de protección en favor de las víctimas, contar con un censo actualizado que permita garantizar el fin de la violación a sus derechos humanos y programas reales que cuenten con presupuesto para la reparación del daño”.
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Paulina Amozurrutia, Directora de Unión Mujer expuso que en nuestro país, “todavía tenemos mucho camino por recorrer; no entendemos claramente el problema de la trata, no hay un seguimiento por parte de las autoridades de los casos, no existe un censo fiable, ni mucho menos la reparación del daño a las víctimas”, señaló.
Lamentablemente, México no es ajeno a esta realidad que representa una forma moderna de esclavitud. A nivel internacional, nuestro país ocupa el tercer lugar a escala global en ese delito, solo después de Tailandia y Camboya, (Organización internacional A21), citó.
En este sentido, de acuerdo al Reporte de Trata de Personas 2022 de la Embajada de Estados Unidos en México, el gobierno del Presidente López Obrador no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas.
Tal es el caso, durante la pandemia de Covid-19, México permaneció́ en el Nivel 2, lo cual significa que no se cumplieron con las normas pactadas. No se asignaron recursos a un fondo de asistencia a víctimas, los servicios generales para las víctimas fueron inadecuados, hubo pocos servicios para víctimas masculinas, víctimas de trabajos forzados y víctimas de zonas rurales. No se investigó, ni se procesó y condenó a ningún funcionario involucrado.
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A pesar de lo anterior, el gobierno federal informó un número significativamente menor de víctimas de trata. El gobierno federal ha decidido dejar a un lado el tema de la mujer, reduciendo el presupuesto, anulando los programas públicos y debilitando a las instituciones que luchaban contra estos graves problemas. “Para el Presidente, las niñas, niños y mujeres no son prioridad”, criticó Amozurrutia Navarro.
La ONG consideró urgente se inicien carpetas de investigación de oficio por cada uno de los Estados del país. Lo anterior considerando que dicho delito debe perseguirse de oficio en términos del artículo 7 fracción III de la Ley General.
Se implementen las medidas de protección en favor de las víctimas para proteger sus derechos humanos a la vida, la libertad y la dignidad.
Se reconozca el carácter de víctimas en términos de la Ley General de Víctimas a fin de que accedan al régimen de protección y reparación integral y, en particular, que se garantice la “no repetición” de la violación de sus derechos humanos.
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