El modelo democrático que se ha construido en el país por décadas no es puro, en tanto que está en riesgo la división de poderes, el federalismo y el municipalismo, de ahí la importancias de determinar cómo afecta al sistema democrático y al principio de representatividad, el que legisladores aprueben una norma abiertamente inconstitucional.
Coincidieron en lo anterior representantes populares, ministros en retiro, juristas y especialistas, con una presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, la panista Pilar Ortega Martínez, que se pronunció por discutir cuáles serían las consecuencias de avalar que desde una norma inferior se supere y se contradiga el contenido de otra constitucional, o bien que en el eventual caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la avale, establecer cuáles serían las consecuencias para su papel como tribunal constitucional en sus determinaciones futuras.
En la mesa de discusión del seminario “Autonomía e Independencia Judiciales, División de Poderes y Democracia”, la militante del PAN propuso analizar cuáles serán los alcances de la afectación a la legitimidad del Poder Judicial, en el eventual caso que la norma que vulnera la independencia judicial llegue a aplicarse y, cómo trasciende para el principio de paridad de género en el sentido de que postergaría la posibilidad de que el más alto tribunal del país pueda ser presidido por una mujer.
El ministro en retiro de la SCJN, José Ramón Cossío Díaz, fue quien consideró que el modelo democrático que se ha construido por décadas no es puro; lo que se ha hecho, es construir la democracia a partir de un conjunto de reglas procedimentales, reglas orgánicas y reglas sustantivas, para tratar de encauzar el principio y el ejercicio democrático. Además, la democracia no puede eliminar a los contrincantes políticos ni puede eliminar a las minorías.
Dijo que los jueces constitucionales tienen que mantener una lógica propia y de salvaguarda exclusiva de la Constitución o de las reglas del juego democrático; lo que no pueden hacer es subordinarse o identificarse con el proceso político que está dando su dinámica a la democracia. La autonomía judicial es una precondición del ejercicio democrático y perder la autonomía de los órganos jurisdiccionales o la independencia de sus miembros, es un anticipo a un descarrilamiento a las funciones ordinarias de la propia democracia.
Aseveró que la reforma al artículo 13 transitorio es una norma claramente anticonstitucional.
Delineó que el ejercicio democrático que mayoritariamente se hizo en las Cámaras de Diputados y Senadores para introducir ese artículo, lastima la autonomía del Poder Judicial de la Federación, porque es el Presidente de la República quien determina la duración del mandato del presidente de la SCJN, “al ser el líder político y moral de esas mayorías; sí, hay una indebida intromisión”.
LA CONSTITUCIÓN SE HA VIOLADO: MUÑOZ LEDO
Por parte de la bancada de Morena en San Lázaro, el diputado Porfirio Muñoz Ledo aseguró: “estamos decayendo muy rápidamente en un tono, en un talante de la política, propio de la toma del poder por una dictadura y estamos, todos los días, poniendo en juego que las decisiones del Ejecutivo corresponden a una democracia constituida”.
Estimó que “lo más doloroso de este asunto que nos concierne a los legisladores, que delante de nuestros ojos el Ejecutivo dio órdenes, sin cambiar una sola coma, de que se aprobara el décimo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”. Pidió de los legisladores una actitud constitucional, porque también son garantes de la Constitución “y la hemos violado”.
Afirmó que está en riesgo la división de poderes, el federalismo y el municipalismo. “Son problemas de gran calado y debiéramos empezar a pensar, aunque sea a contrapelo, en un nuevo esquema constitucional, no para justificar violaciones que se están cometiendo, sino para desahogar de un modo histórico los problemas que está viviendo el país”.
La integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Leticia Bonifaz Alonzo, indicó que el trabajo diario de juezas y jueces demuestra que existe una independencia judicial; sin embargo, puntualizó que el riesgo está en tratar de subordinar y pedirle una rendición de cuentas individual a actores específicos que no constituyen todo el Poder Judicial.
Opinó que la relación Ejecutivo-Judicial tiene que existir y habló sobre el ataque que se hace a la construcción de un sistema institucional contenido dentro de la Constitución. “Preocupa un sistemático ataque generalizado a los jueces, porque es diferente la crítica que uno puede hacer a un juez en particular, a estar sistemáticamente atacando a quien tiene formación, designación y sistema de carrera judicial, lo que hace que garantice su independencia”.
Expuso que a partir de que se publique la norma, corre el plazo para una controversia constitucional y existen tres escenarios posibles: que los ministros interpreten si el transitorio es constitucional o no; que la Cámara de Diputados con el 33 por ciento se vaya a lo que la Corte decida, y que no suceda nada de esto y se llegue al primer día hábil del 2023 y se convoque a la elección del nuevo presidente porque se acabó el periodo para designar al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea.
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés Ríos, precisó que los tribunales constitucionales cumplen 100 años y los argumentos que llevaron a la formación de los mismos eran esencialmente la supremacía de la Constitución en la llamada pirámide de las leyes, la inviolabilidad de la Constitución y la rigidez constitucional en cuanto a su reforma.
El hiperpresidencialismo mexicano viene desde 1917, fue explicable en su momento, pero es inadmisible en el nuestro. “Es necesario pensar en los efectos locales que puede tener dentro de nuestro propio país esta retórica y esta ofensiva al sistema judicial porque el caciquismo no ha sido desterrado de nuestro país”, fundamentó.
Estuvo de acuerdo en “pensar hacia el futuro, revisar el procedimiento legislativo sobre las reservas que se presentan sobre una reforma, lo cual puede determinar el Congreso en su propia ley, porque este sistema que se tiene del desechamiento de las reservas, sin que haya ninguna deliberación ni justificación, da lugar a que tengamos episodios como el que se está teniendo sobre este tema”, precisó.
La presidenta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Claudia de Buen Unna, comentó que la reforma al Poder Judicial es una violación sumamente grave a la Constitución. “Los ciudadanos debemos contar con la garantía de que los jueces, federales y locales, actúen con independencia, autonomía y libertad”.
Resulta que la división de poderes obedece a un tema de contrapesos, el cual se pretende diluir. “Los mensajes que se reciben por parte del Ejecutivo son preocupantes porque se amenaza a los jueces y abogados para cumplir con sus tareas, mandando una señal equivocada que pone en tela de juicio la independencia de la Suprema Corte”, apuntó.
INNECESARIO ALARGAR EL MANDATO DEL PRESIDENTE DE LA SCJN
En la mesa “La autonomía judicial, la división de poderes y los derechos de las minorías parlamentarias: una visión desde la academia”, la diputada de Movimiento Ciudadano Martha Tagle Martínez, explicó que por la trascendencia de este tipo de reformas que tienen que ver con el Poder Judicial y la discusión que se ha dado respecto al Décimo Tercero Transitorio para ampliar el periodo del ministro Saldívar al frente de la presidencia de la Corte, es un tema que debe hablarse y discutirse públicamente.
Reconoció la importancia de estas disertaciones para entender la responsabilidad de la minoría parlamentaria en la Cámara de Diputados y en el Senado, a fin de que cuando se publique la reforma al Poder Judicial se pueda llevar la acción de inconstitucionalidad y estemos en la posibilidad de que la Corte decida. “Sería lamentable que no se llevara y que no lleguemos al escenario de que en lugar de estar contando votos, hablemos de temas de inconstitucionalidad”.
El director del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, estimó que existe un contexto de confrontación desde el gobierno hacia el derecho. “Todos los funcionarios tienen la obligación de respetar la Constitución; sin embargo, con esta reforma, específicamente el artículo 13 transitorio, el Ejecutivo y funcionarios violarían la Carta Magna”.
Añadió que ese transitorio viene a desafiar la autonomía del Poder Judicial y contradice lo que la Constitución mandata. Con esta reforma se amenaza con las reducciones de sueldos y de integrantes de la Corte.
Mientras, el rector de la Escuela Libre de Derecho, Ricardo Antonio Silva Díaz, aludió que esa reforma traza un presidencialismo muy fuerte. Señaló que es necesario que la ciudadanía le dé importancia a la independencia judicial, para que al poner en manos de un tercero sus decisiones judiciales, éstas no se vean afectadas por alguna amenaza del exterior.
Opinó que alargar el mandato del presidente de la Suprema Corte es innecesario, porque se entromete en el curso del Poder Judicial quitándole la decisión a los once ministros que son los que designan al presidente de la Suprema Corte de Justicia, y esto rompería la necesidad de una autonomía judicial.
Del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Hugo Concha Cantú, planteó que los jueces nunca deben identificarse con la ideología de los actores políticos, para dar multiplicidad de ideas y formas de pensar, y destacó la relevancia de que los miembros de los órganos jurisdiccionales y administrativos tengan estabilidad en sus puestos, independientemente de sus fallos y sentencias emitidos, pues ello es fundamental.
La fundadora de Conesa Labastida y Asociados, Luisa Conesa Labastida, destacó la importancia de las minorías parlamentarias y el mecanismo de constitucionalidad a través de ellas, e hizo un llamado “a la Legislatura a mirar al pasado y a otras legislaturas que lograron juntar los votos y se erigieron en este mecanismo de control con resultados muy favorables”.
A su vez, la diputada de Morena Lorena Villavicencio Ayala, aceptó que el artículo 13 transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es violatorio de la Constitución, de los artículos 49, 97, 100 y 133 por lo que legisladores dispusieron una acción de inconstitucionalidad.
La Cámara de Diputados está obligada a velar por los contenidos de la Constitución y, “tenemos que respetar la participación de las minorías cuando se trate de hacer una reforma a la propia Constitución. La acción de inconstitucionalidad va; vamos a presentarla y vamos a restituir la dignidad del Poder Legislativo”.
Dejó asentado que el artículo 13 transitorio “no es un asunto de consultas, sino simple y llanamente es un tema de respeto a sus atribuciones”. Sostuvo la exigencia de respetar la Constitución y reiteró el compromiso con la división de Poderes para “no permitir que el poder lo ejerza una persona en solitario, sin cortapisas o contrapesos”.
Por su parte, la secretaria de la Comisión Jurisdiccional, diputada del PRI Claudia Pastor Badilla, planteó que ignorar los textos constitucionales pone en jaque la división de Poderes y la autonomía de los organismos autónomos, toda vez que son avasallados mediante mecanismos de austeridad, de nombramientos de sus titulares y la descalificación y la crítica de la operación de éstos.
Ante ello, sugirió la necesidad del área de especialización técnica de los Poderes y dijo que los diversos órganos autónomos deben estar al margen del control y agenda política; asimismo, se homologuen los procesos del nombramiento de sus titulares y se blinde su presupuesto.
El secretario general de México Unido Contra la Delincuencia, Juan Francisco Torres Landa, en torno a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que incluye el 13 transitorio, reclamó el comportamiento de quienes “han trabajado para esta forma de minar nuestro Estado derecho”. Mediante la acción de inconstitucionalidad “este atropello se puede corregir”.
Llamó a quienes analizarán la acción de inconstitucionalidad, para que no fallen ante la imperiosa necesidad de defender el sistema de la división de Poderes y la independencia judicial.
“Estamos en un momento clave de nuestra vida institucional como país democrático. La terrible secuela que hemos narrado puede aún encontrar una salida apropiada y de carácter pleno constitucional, pero requiere que al menos 8 ministros no fallen a su obligación histórica de defender nuestra Carta Magna por encima de intereses o presiones”, acentuó.
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María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que no hay ningún argumento que defienda la inconstitucionalidad del Artículo 13 Transitorio. Estimó que la mejor puerta para llegar al autoritarismo es justificar la violación que se pretende a la Constitución y al Poder Judicial. “Pensar que una persona es indispensable es un acto de soberbia”.
Para el coordinador de la Licenciatura de Derecho del CIDE, Javier Martín Reyes, las acciones de inconstitucionalidad que se presenten en las dos Cámaras serán fundamentales y son la vía idónea de anular toda la inconstitucionalidad del artículo 13.
Definió que existe un enorme cúmulo de conceptos de invalidez que se pueden plantear a la reforma, ya que hay una violación a la independencia judicial y una invasión a la competencia del pleno de la Suprema Corte con la ampliación de mandato que se pretende hacer para quien la preside.
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