La reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada tras la reforma energética de 2013 le regresa a Petróleos Mexicanos (Pemex) todo el control en el almacenamiento, distribución, transporte y venta al mayoreo de los petrolíferos en el país, incluye también la revocación y suspensión de permisos otorgados a particulares que hoy ya participan en el mercado abierto.
De acuerdo con el proyecto de la Ley enviado al Congreso de la Unión, el sector afectado es el downstream, con la modificación de los artículos 51; 53, párrafo segundo; 56, fracción XI, y 57, y se adiciona una fracción XII, pasando la actual fracción XII a ser fracción XIII, al artículo 56; el artículo 59 Bis, y un párrafo segundo a la fracción II del artículo 86 de la Ley de Hidrocarburos.
La nueva ley incluye un apartado destinado a la suspensión de permisos por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional, que implica que Pemex asume la capacidad de tomar el control de las instalaciones de almacenamiento, transporte y distribución privadas incluyendo los puntos de venta finales.
“Es importante que las empresas productivas del Estado jueguen un papel más activo en el tratamiento y refinación de petróleo, el procesamiento de gas natural, y la exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos, así como en el transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos (…) toda vez que se considera inadecuado dejar la protección de dichas actividades en manos del sector privado ante riesgos inminentes a la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional.
La propuesta señala que se busca dotar de seguridad jurídica a los empresarios por lo que si se les suspenden los permisos de sus instalaciones, éstos pueden pedir la suspensión de esa medida tras demostrar “que las causas que la ocasionaron ya fueron subsanadas o erradicadas, o han desaparecido, siempre y cuando éstas no se hayan originado en ilícitos penales o infracciones administrativas relacionadas con los combustibles”.
En la exposición de motivos del borrador de la propuesta de reforma, se señala que tras la Reforma Energética se pasó de un monopolio estatal que refinaba, importaba, transportaba y comercializaba gasolina y diésel; a un libre mercado donde los particulares importan gasolina y la comercialización.
“Es tan grave el daño causado al sector energético nacional derivado de dicha Reforma Energética que no solo somos el país petrolero que más gasolinas importa en el mundo, sino que ahora ya compramos petróleo crudo para abastecer a las únicas seis refinerías que apenas sobreviven, ya que resulta relevante mencionar que precisamente desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país” señala.
