Durante el 17, 18 y 19 de mayo, 949 personas en prisión preventiva, 148 mujeres y 801 hombres, ejercieron por primera vez en México su derecho al voto, informó la organización de la sociedad civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (ASILEGAL).
El pasado lunes 17 de mayo el Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó la jornada electoral en cinco centros penitenciarios del país mediante la modalidad anticipada.
Durante estos tres días, funcionarios del INE en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) visitaron los centros penitenciarios mencionadas para que las personas contempladas en esta lista nominal voten en sobres cerrados personalizados. Sus boletas serán resguardadas y finalmente computarizadas para contabilizarse durante la jornada electoral del 6 de junio.
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Sin embargo a pesar de ello, las dudas sobre la efectividad de este programa continúan: la lista nominal final indica que solo harán efectivo su derecho el 1% de la población en prisión preventiva, por lo que el INE tiene solo tres años para garantizar que el 99% restante pueda votar en 2024.
Estos hechos se vuelven históricos dado que en México, aún prevalecen fuertes estigmas y prejuicios contra las personas privadas de libertad que constantemente les priva de derechos; por tanto, que se reconozca que no existe justificación alguna para negarles este derecho político electoral es un avance significativo hacia la efectiva reinserción social.
La conformación final de la lista nominal fue recortada de 2 mil 699 a 949 personas, lo cual comienza a vislumbrar retos importantes para brindar a las personas privadas de libertad en prisión preventiva los mecanismos suficientes para hacer exigibles sus derechos.
En enero de 2021, el INE dio a conocer los detalles del “Modelo de operación de la prueba piloto del voto de personas en prisión preventiva” en donde informaba que serían 2 mil 699 personas privadas de libertad en prisión preventiva las seleccionadas para participar en este programa piloto.
La lista final quedó integrada por solo 148 mujeres y 801 hombres de los CPS de Sonora, Guanajuato,, Morelos y Michoacán, indicó la ONG.
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ASILEGAL agregó que continúa la duda sobre qué estrategias de difusión y campañas informativas fueron implementadas en los centros penitenciarios para que las 949 seleccionadas hagan un voto informado.
El INE no ha realizado ningún exhorto a las y los candidatos para integrar en sus campañas a esta población en situación de vulnerabilidad, no tenemos conocimiento de propuestas de políticas públicas enfocadas a esta población o a sus familiares. Es decir, en concreto, la población penitenciaria continúa siendo invisible.
Los retos que se le han presentado al INE durante la implementación de este programa piloto nos brindan un panorama del nivel de complejidad que tendrá el proceso electoral en 2024: el Instituto tiene que garantizar que más de 217 mil personas en prisión puedan ejercer su derecho a votar.
Y no solo eso, el sistema penitenciario y las autoridades corresponsables deben mejorar sus mecanismos de articulación para informar, mediante campañas de concientización dirigidas a las personas privadas de libertad y a sus familias, sobre la importancia de hacer uso de este derecho como vía para hacer exigibles el resto de sus derechos.
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