Ciudad de México.- Quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de 750 a mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, propone el senador Ricardo Monreal Ávila. Otro de los objetivos del senador es que el delito de feminicidio se considere como imprescriptible.

El morenista presentará una iniciativa para incluir un título V en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se establezca de manera clara y uniforme para todo el país la tipificación del feminicidio, así como las sanciones y perspectiva de género en su investigación y enjuiciamiento.

En la propuesta del coordinador de Morena en el Senado se señala que comete el delito de feminicidio “quien prive de la vida por razones de género a una mujer o a una persona por motivos de su identidad de género como mujer”.

Se considerará que existen razones de género o por motivo de la identidad de género, cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, se le hayan infligido lesiones o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida, haya actos previos de violencia del sujeto activo en contra de la víctima, ya sea en el ámbito familiar, laboral, profesional, escolar o social, entre otras.

También, añade, cuando haya existido o exista, entre el sujeto activo y la víctima, una relación personal de índole sentimental, afectiva, de amistad o de confianza, si la víctima fue incomunicada, con o sin ánimo de lucro, cualquiera que haya sido el tiempo previo a la privación de la vida, y cuando el cuerpo sea arrojado o depositado en un lugar público.

De la misma manera, plantea que el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima y ofendidos, incluidos los de carácter familiar y sucesorio, así como aquellos relacionados con los hijos en común. Precisó que en caso de que no se acrediten ninguna de las hipótesis antes descritas, se aplicarán las reglas del homicidio.

Monreal Ávila también plantea que las penas se incrementen hasta en un tercio, cuando un servidor público, aprovechándose de su encargo, interviene en la realización de esta conducta delictiva, y cuando la víctima fuere una persona menor de edad, estuviere embarazada, presentare algún tipo de discapacidad o perteneciere a un pueblo o comunidad indígena.

Asimismo, al servidor público que retarde, entorpezca maliciosamente o por negligencia, la procuración o administración de justicia se le impondrá prisión de tres a ocho años y de 750 a 2 mil doscientos 50 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, además, será destituido e inhabilitado de tres a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena busca que las autoridades investigadoras y de impartición de justicia, cuando se encuentren ante un probable delito de feminicidio, deberán ejercer sus atribuciones conforme al respectivo protocolo de actuación correspondiente al delito.

El documento expone que con el fin de preservar la evidencia que pudiera revelar nuevas líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos, el Ministerio Público prohibirá, estrictamente, la cremación de todo cadáver respecto del que se presuma la comisión de un feminicidio.

Por último, señala, se pretende que con la aprobación y publicación de esta reforma se derogue toda disposición federal o de los estados que sea contraria a este decreto.