Si tienes un celular o quieres comprar uno nuevo deberás proporcionar al gobierno tu información más íntima, pues de no hacerlo te quedarás sin acceso a la modernidad.
Con la reforma aprobada ayer por la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado de la República, ya no bastará con que un ciudadano facilite su credencial de elector y comprobante de domicilio para tener telefonía móvil; ahora deberá entregar también sus datos biométricos como son huella dactilar, iris de los ojos, facciones del rostro, tono de voz y firma.
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Si no lo hace se le negará la activación de la línea, o en caso de que ya esté activada será dada de baja. Además, si el usuario de una línea activa se niega a proporcionar sus datos será acreedor de una multa de 89 mil 692 pesos.
El cambio legal, que afecta a 120 millones de usuarios de telefonía móvil en el país, aplica por igual a quienes cuentan con línea de prepago como de pospago.
Ayer, los senadores aprobaron una reforma a la Ley de Telecomunicaciones, que establece que el dueño de un celular activo o quien compre uno nuevo deberá proporcionar su identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos para ser incorporados a un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
La base de datos quedará bajo el resguardo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que tendrá 180 días para la elaboración de los lineamientos para su operación. Una vez que venza ese plazo comenzará a funcionar.
La reforma se aprobó con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones.
La senadora morenista Lucy Meza, presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, argumentó que la reforma tiene como objetivo inhibir las ganancias millonarias que la delincuencia organizada obtiene de la extorsión que se realiza desde la telefonía móvil. La oposición la calificó de autoritaria y violatoria de los derechos humanos.
El coordinador de los senadores priistas, Miguel Ángel Osorio Chong, adelantó que impugnará la creación del padrón.
La oficina del senador indicó a El Sol de México que las alternativas legales que existen son los amparos de usuarios así como una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, para lo cual el bloque opositor requiere reunir 33 por ciento de las firmas de la Cámara alta, y serviría siempre y cuando el Ejecutivo publique la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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En un mensaje en sus redes sociales, el exsecretario de Gobernación alertó que la reforma deja a disposición de más de 500 establecimientos mercantiles los datos biométricos de quienes adquieran un celular.
Agregó que si se comete un delito con un celular, el propietario iría directo a un proceso legal sin que se respete su presunción de inocencia.
Expertos en telecomunicaciones también cuestionaron la medida. Para Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), la creación del padrón no resuelve el problema de que haya tantos teléfonos en las prisiones que sirven para extorsionar y sienta un “pésimo precedente” en materia de derechos individuales.
“El padrón no es la solución. Cuando se afecta un derecho fundamental se afecta a todos, y en este caso se afecta el derecho a la comunicación porque si no accedes a dar tu información te suspenden la línea, y el derecho a la privacidad porque la autoridad puede intervenir las comunicaciones sin una orden. El usuario es el castigado, no los delincuentes”, dijo.
Recordó que ya se tiene un antecedente que no funcionó –el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT)–, y que el mayor riesgo de esta iniciativa es que el gobierno puede acceder a los datos de los usuarios con fines políticos y sin orden judicial.
Efrén Páez, analista senior de Digital Policy & Law, añadió que el padrón implicará costos para los operadores, para el regulador y, por ende, para los usuarios.
Dijo que en el caso de puntos de venta que muchas veces están en lugares como estaciones de metro, los operadores deberán invertir en tecnología para tomar los datos biométricos de los usuarios, así como para robustecer su seguridad y evitar que se vulnere esa información.
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“Claramente eso exigirá de mayores costos del equipo y su operación, además también queda la cuestión sobre si podrán ser equipados con una conexión segura, por ejemplo”, apuntó.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) advirtió un riesgo potencial en el registro al permitir que los datos biométricos sean manipulados por un número elevado de empresas de telefonía.
La reforma ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y sólo falta que el Senado la envíe al Poder Ejecutivo para su publicación en el DOF. Con información de Juan Luis Ramos
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