La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió la Recomendación 46/2019 al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,Francisco Alfonso Durazo, por allanar un domicilio, detener ilegalmente a seis miembros de una familia, retenerles ilegalmente y torturar a uno de ellos, actos atribuibles a elementos de la Policía Federal, en Tlalnepantla, Estado de México.

El organismo acreditó que, con su actuación, los elementos policiales incurrieron en violaciones a los derechos humanos a la libertad, seguridad personal y legalidad, por la inviolabilidad del domicilio de seis personas, la detención arbitraria y retención ilegal de cinco de ellas, así como a la integridad personal por actos de tortura en agravio de uno de los afectados.

La CNDH describió que el 25 de mayo de 2015 se recibió el correo electrónico de una de las tres mujeres agraviadas, esposa del hombre que fue torturado, en el cual describió cómo el día 15 del mismo mes y año varios policías federales ingresaron a su casa, en Tlalnepantla, Estado de México, y, sin presentar orden alguna, detuvieron a ella, su marido, sus padres, su hermano y su cuñada; les golpearon y les preguntaban dónde estaban las armas y “un paquete”.

Fueron sacados del domicilio y en una camioneta les “trajeron paseando”; volvieron a torturar al cónyuge de la quejosa y reiteraron la pregunta sobre las armas y “el paquete”.

A la quejosa y su padre les dejaron cerca de un centro comercial y advirtieron que si hacían algo “les iban a cortar la cabeza a sus hijas”. No supo del paradero de su esposo, hermano y cuñada hasta las dos de la mañana del otro día, cuando recibió una llamada de la SEIDO.

De ahí que la CNDH recomienda al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se repare el daño a las personas afectadas, en términos de la Ley General de Víctimas, se les brinde atención psicológica e inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, así como colaborar en la denuncia y queja que la CNDH presentará ante la Fiscalía General de la República y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, respectivamente, contra el personal involucrado, incluyendo a otros elementos de la Policía Federal que por acción u omisión hayan tolerado esa actuación.