Más de 700 víctimas y sus familias, así como 61 colectivos exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al subsecretario de Derechos Humanos, Alejando Encinas, que se le otorgue presupuesto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sin recortes y remuevan titulares “que no nos tratan con dignidad y respeto.
Las víctimas luchamos por la Ley General de Víctimas y por ello creamos una institución para nosotras que vamos a defender porque es nuestra”.
Externaron su preocupación por el Comunicado 022, del pasado 2 de junio, emitido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en el que anunciaba que debido al decreto por el que se establecen las medidas de austeridad del 23 de abril de 2020, se paralizaría el funcionamiento de la CEAV, a pesar de que dicho decreto excepta el programa prioritario de “Defensa de los derechos humanos”.
En carta dirigida al Presidente López Obrador le resaltaron que han escuchado descalificar y desacreditar el contenido de este comunicado titulado alarmantemente “Decreto de Austeridad paralizará funcionamiento de la CEAV”, y dar garantías de que, en palabras del jefe del Ejecutivo no van a faltar recursos para las familias de las víctimas” ni aplicará el recorte del 75% en áreas federales de atención y protección a derechos humanos.
Es por eso, que nos preguntamos, cuál fue el juego y para que altos mandos de la CEAV enviaron desde temprana hora del día 2 de junio a víctimas, dicho comunicado con el mensaje de que pidiéramos a nuestras hermanas y hermanos de colectivos y víctimas que salieran a defenderles en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué usar a las víctimas para pelearse con Hacienda? Si no está de acuerdo con las medidas del gobierno y sus jefes, que renuncie.
“Le pedimos que a las instituciones que tienen como tarea fundamental la de proteger, defender, respetar y garantizar derechos humanos se les otorgue el presupuesto y sin recortes por usted prometido”.
Los firmantes destacan que han confiado en la palabra del Presidente López Obrador de que “las víctimas somos una prioridad de su gobierno, hemos confiado en la palabra de las personas a las que ha usted ha otorgado desde la Secretaría de Gobernación la responsabilidad de honrar su palabra con nosotras que hemos sido directamente violentadas por la tortura y trata y para nuestras familias con personas asesinadas, mujeres víctimas de feminicidio, con personas desaparecidas y secuestradas, es decir, las víctimas de la violencia”.
Las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil resaltaron que existe una enorme confusión de si la emisión del comunicado fue acordada con el subsecretario Encinas o cuál fue el motivo por el que a comisionada Mara Gómez publicara un documento tan alarmista, insensible, revictimizante para nosotras como víctimas.
Desde su punto de vista, el comunicado de la Dra. Gómez, en lo que se refiere a los derechos de las víctimas, sólo confirma el desprecio hacia nosotros, agresiones físicas y verbales a víctimas cometidas por ella y sus funcionarios, y como ejemplo, decir que vemos a la CEAV como si nos hubiéramos sacado la lotería, siendo que nuestros seres queridos han sido desaparecidos, asesinados y/o torturados y eso no es un premio para nuestra vida.
Eso sería algo digno y congruente, las víctimas le creeríamos que es genuino su interés por nosotras, pero simular una denuncia sin presentar su renuncia es una deslealtad hacia la Secretaría Olga Sánchez y el subsecretario Alejandro Encinas que la impusieron con el aval del Senado, e incluso para el Presidente.
Para las familias fue un acto de terrorismo psicológico y de violencia que alteró emocionalmente a las familias; un lenguaje frío y ajeno a las víctimas como el que siempre usa con nosotras, que no midió las consecuencias del dolor que causaba, sin conciencia ni empatía de los alcances de decirle a personas, cuya estabilidad emocional por las pérdidas y ausencia de seres queridos es frágil, que la única institución creada con ellas, por ellas y para ellas, cerraría dejándolas en un mayor desamparo.
Pidieron la remoción de la titular de CEAV, Mara Gómez Pérez, quien, además de que en los apenas seis meses de gestión no ha presentado oficialmente un programa de trabajo, ha incumplido sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (caso ABC, entre otros), ha amenazado, revictimizado, suspendido derechos sin marco legal y criminalizado a víctimas, ahora irresponsablemente emite el alarmante Comunicado 022 que generó confusión entre las víctimas y organizaciones de sociedad civil que las acompañan.
Asimismo, solicitaron a la Junta de Gobierno de la CEAV, presidida por Alejando Encinas, que informe ampliamente a todas las víctimas: a) ¿Cuánto recurso hay en el Fondo de Atención a Víctimas? b) ¿Cómo se está manejando el fondo? c) ¿Cuál es el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas?, y d) ¿Cuál es el fundamento legal para que la titular de la CEAV amenace en un comunicado público que va a utilizar el Fondo de Atención a Víctimas para pagar el gasto corriente? e) ¿Cuáles son los conceptos de qué es lo depositado? f) ¿cómo funciona la fiduciaria y fideicomiso?
(EGS)
