El personal judicial y las personas defensoras de derechos humanos enfrentan un ambiente de constantes agresiones y violencia a su integridad y vida. Además de afectar en lo individual, pone en riesgo la independencia judicial, violenta los derechos de personas en situación de vulnerabilidad y socava el acceso a la justicia de la ciudadanía, revela estudio "Cuando impartir justicia es peligroso de la organización civil México Evalúa.

En dicho estudio se revela que el 21% de las personas juzgadoras y el 52% de los actuarios han sido víctimas de ataques o amenazas a su integridad en la última década. Estos números, aunque alarmantes, podrían ser sólo la punta del iceberg, ya que muchos funcionarios han normalizado estas agresiones como parte inevitable de su labor.

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En conferencia de prensa, Susana Camacho, co-coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, resaltó que en los últimos diez años, al menos 23 funcionarios judiciales han perdido la vida en ataques violentos. Esos homicidios no sólo privan a la justicia de servidores dedicados, sino también envían un mensaje a quienes ejercen, por lo que impartir justicia en nuestro país puede costar la vida.

El 69% de las personas abogadas litigantes afirmó haber sufrido en algún momento uno o varios ataques en relación con su ejercicio profesional. En cuanto a las personas juzgadoras encuestadas 21% reportó haber vivido algún acto de ataque o amenaza a su integridad durante los últimos diez años, mientras que respondieron en este sentido 52% del personal notificador o actuario (quienes dan trámite a las resoluciones judiciales).

Del 1 de enero de 2023 al 17 de enero de 2024 se identificaron 167 señalamientos en contra de personal judicial de los cuales el 98% consistieron en declaraciones públicas, 88% fueron declaraciones públicas emitidas directamente por el presidente de la República.

Los expertos coinciden en que las agresiones a la independencia judicial aumentaron en este sexenio, en particular por parte del Ejecutivo.

Los tipos de agresiones o amenazas que resiente el personal juzgador en el ejercicio de su funcion: amenaza de lesiones 22%; amenaza de homicidio 12%, amenaza de causar daño a alguno de sus familiares 11%, extorsión 11%, amenaza de efectuar con la pérdida de un cargo 6%, ataques a través de medios o redes sociales 4%, insultos y amenazas 4%, lesiones 4%, daño a la propiedad 2%, amenaza de privación de la libertad 2%, persecusión 6%, robo 1% y tentativa de homicidio 1%.

A la presentación también se dieron cita: Raúl Mejía Garza, fundador y director general del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho (IFED); José Ramón Cossío, director del IFED y Mariana Campos, directora general de México Evalúa, quienes resaltaron que en un país donde la violencia y la inseguridad se han convertido en parte del paisaje diario, no debería sorprender que los jueces, actuarios y otros funcionarios del sistema judicial estén en la línea de fuego.

Mariana Campos cuestionó: ¿Por qué es tan peligroso impartir justicia en México? La respuesta no es simple. El contexto de violencia generalizada, la desigualdad social y los conflictos de poder entre grupos políticos y económicos crean un entorno hostil para quienes deben hacer cumplir la ley. Y, aunque este problema es evidente, la falta de un registro oficial y detallado de las agresiones complica aún más la situación.

Resaltó que dentro del estudio, uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es la falta de protección adecuada para el personal judicial. Sólo los poderes judiciales del Estado de México y de la federación reportan tener registros oficiales de agresiones, pero incluso estos son incompletos y sólo reflejan los casos en los que se solicitó o se otorgó alguna medida de protección. En muchos otros estados, ni siquiera existen registros específicos, lo que deja a los jueces y actuarios en una situación de indefensión.

Además, las medidas de protección ofrecidas por algunas fiscalías y secretarías de seguridad suelen ser insuficientes y reactivas, aplicándose sólo después de que se ha producido una amenaza o agresión. Por ejemplo, aunque algunas instituciones ofrecen escoltas, vehículos blindados o chalecos antibalas, estas medidas no siempre son suficientes ni están disponibles para todo el personal judicial. En muchos casos, la protección se centra en jueces y magistrados, dejando de lado a actuarios y otros funcionarios que también enfrentan riesgos significativos.

Los tipos de violencia a los que están expuestos los jueces y actuarios son variados y perturbadores. Las amenazas de lesiones y homicidio son las más comunes, seguidas por las amenazas de causar daño a sus familiares y los actos de persecución. Además, las extorsiones y las lesiones físicas son una realidad preocupante para muchos de estos funcionarios. Las mujeres, en particular, enfrentan una forma de violencia diferenciada que se suma a la ya pesada carga de su labor.

No hay registros oficiales de ataques y agresiones

En México no de cuenta con registros de actos de agresión y/o amenaza, ni con medidas efectivas que prevengan, atiendan los hechos y protejan a las personas en sus labores de protección y defensa de nuestros derechos.

Susana Camacho resaltó la gran violencia en contra de las personas que trabajan en los juzgados; inclusive les mandan coronas de los jueces como si ya estuvieran muertos.

En este escenario, añadió, es comprensible que solo el 39% de los jueces y el 29% de los actuarios hayan reportado las agresiones que han sufrido. La falta de confianza en las autoridades y la percepción de que denunciar puede empeorar su situación son barreras significativas que impiden que estos incidentes salgan a la luz. Peor aún, cuando se reportan, la respuesta es a menudo insuficiente: sólo el 24% de los jueces y el 10% de los actuarios que denunciaron agresiones recibieron alguna medida de protección efectiva.

El estudio también revela que el impacto de estas agresiones también se extiende a la salud y el bienestar de los funcionarios judiciales.

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El estrés constante, la ansiedad y el miedo pueden provocar problemas de salud mental y física, que a su vez afectan su desempeño profesional. Además, el costo emocional y económico de vivir bajo amenaza no es despreciable. Muchos jueces y actuarios deben invertir en su seguridad personal, lo que incluye mudanzas frecuentes, vigilancia privada y cambios drásticos en su estilo de vida para protegerse a sí mismos y a sus familias.

Por otro lado, esta situación también tiene repercusiones en las relaciones familiares. El temor a represalias no sólo afecta a los funcionarios judiciales, sino que también se extiende a sus seres queridos. Las familias de los jueces y actuarios viven bajo una constante sombra de miedo, lo que puede llevar a tensiones, aislamiento y, en algunos casos, a la ruptura de relaciones.

"Cuando un litigante o un juzgador es asesinado, se pierde la posibilidad de la realización de un derecho o de construir condiciones institucionales de convivencia”, comentó José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y socio fundador del IFED.

Lo que propone la investigación es ofrecer un diagnóstico exploratorio sobre los ataques que personas juzgadoras y actuarias experimentan cotidianamente en el ejercicio de su labor y que tienen un efecto adverso en nuestra demanda de justicia y paz.

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