La Fiscalía General de la República (FGR) debe buscar y dar a conocer información detallada de los bienes decomisados y/o asegurados a la delincuencia organizada por actos relacionados con la operación y/o manejo de recursos de procedencia ilícita, de enero de 2006 a febrero de 2020, determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La Fiscalía debe precisar el nombre de las personas físicas o morales a quienes se les decomisaron los bienes; el grupo del crimen organizado al que se vinculan, así como el avalúo y valor aproximado del bien.

La Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena aseguró que, en el país, el debilitamiento de la estructura financiera de las agrupaciones de la delincuencia organizada ha sido una de las estrategias emprendidas por el Estado mexicano para combatir estos grupos, por lo que transparentar la información solicitada permitirá evaluar las acciones de las autoridades en esta vertiente y los resultados obtenidos.

Indicó que, de acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la República, en 2019 se integraron legalmente a la institución 3 mil 563 bienes asegurados.

Asimismo, el Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración 2012-2018, refiere que en ese periodo se logró el aseguramiento de bienes y dinero por más de mil millones de pesos.

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A pesar de que la sociedad puede conocer información respecto de los avances de las estrategias que buscan debilitar la estructura financiera de las agrupaciones del crimen organizado, también es necesario transparentar la información solicitada, puesto que tales datos permitirán tener certeza de en qué medida nuestras autoridades han dirigido esfuerzos y evaluar cuáles han sido los resultados

Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada del INAI

En respuesta a la persona interesada en conocer sobre dichos bienes, la FGR señaló que no contaba con información con el nivel de desglose solicitado; sin embargo, proporcionó un archivo Excel con la estadística de los bienes asegurados en el periodo indicado, desglosado por tipo, cantidad, entidad federativa y año.

Asimismo, entregó una base de datos con la cantidad de vehículos, bienes inmuebles, numerario y otro tipo de bienes asegurados, en el mismo periodo.

Inconforme, el particular presentó un recurso de revisión ante el INAI, por considerar que la información proporcionada está incompleta, pues no contiene el nombre de las personas físicas o morales a quienes se les decomisaron los bienes; el grupo del crimen organizado al que se vinculan, así como el avalúo y valor del bien.

Al presentar sus alegatos, la Fiscalía reiteró su respuesta.

En el análisis del caso, resuelto en la ponencia de la Comisionada Ibarra Cadena, se advirtió que la FGR cuenta con unidades administrativas competentes que no fueron consultadas para atender la solicitud, como la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo y sus Delegaciones de Entidades Federativas, la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

Se corroboró que esas áreas pueden conocer la información requerida, ya que se encargan de conducir y evaluar las acciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación; establecer los sistemas de registro y control estadístico de seguimiento de las averiguaciones previas, y supervisar las actividades relacionados con el control provisional de los bienes asegurados.

Asimismo, se identificó un recurso de revisión del año pasado, en el que la Fiscalía proporcionó información sobre bienes incautados al líder del cártel de Sinaloa, por tanto, se concluyó que las unidades administrativas referidas pueden contar con datos específicos sobre los bienes asegurados.

Por lo expuesto, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la FGR, a efecto de que realice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y en las áreas anteriormente identificadas, con el fin de que proporcione al particular la información solicitada.

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