Por: Patricia Carrasco
Ciudad de México.- La Oficina en México del Alto Comisionadode las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebróla aprobación, por parte del Congreso de la Unión, de la LeyGeneral para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otrosTratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La adopción de esta ley atiende una de las recomendacionesformulada al Estado Mexicano por varios mecanismos internacionalesde derechos humanos, incluido el Alto Comisionado de las NacionesUnidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, conocasión de su visita al país en octubre de 2015.
Mediante un comunicado, el organismo internacional destacó quela ley general de tortura es un instrumento fundamental paracombatir uno de los retos más críticos que enfrenta el Estadomexicano en materia de derechos humanos.
Esta establece la prohibición absoluta de la tortura, sancionala conducta en todo el país bajo una misma definición acorde conlos tratados internacionales, excluye las pruebas obtenidasmediante tortura y otras violaciones a los derechos humanos ydetermina reglas claras de combate a la impunidad.
Asimismo, esta nueva normativa distribuye competencias entre lostres órdenes de gobierno, crea un registro nacional de casos detortura e incluye medidas para la asistencia, atención yreparación de las víctimas. Igualmente, la ley aprobada establecela adopción de un programa nacional para erradicar el delito,refuerza las medidas de prevención y robustece al MecanismoNacional de Prevención de la Tortura, entre otras medidastransformativas importantes.
Por ello, la ONU-DH hace un llamado para que la ley se promulguea la brevedad y, sobre todo, se garantice su aplicaciónefectiva”, sostuvo Jan Jarab, Representante de la ONU-DH enMéxico.
Además, la ONU-DH reconoce la apertura y disposición de losdiversos actores involucrados en la aprobación de la ley. Demanera especial, es destacable el trabajo realizado por el Senadode la República, mismo que fue profundizado por la Cámara deDiputados. De igual forma, merece ser subrayado el impulsodesplegado desde la Procuraduría General de la República, asícomo las importantes contribuciones de la CNDH, de lasorganizaciones de la sociedad civil y algunas universidades.
Pero ante todo, ha sido la valentía de las víctimas la que hainspirado a múltiples actores a impulsar una ley cuyo objetivocentral es erradicar el sufrimiento que implica la inadmisiblepráctica de la tortura.
Por separado, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos enMéxico reconoce avances y manifiesta reservas en el proyecto dedictamen Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición porParticulares.
Señala que las reservas se refieren a la falta de capacidades yatributos suficientes de la Comisión Nacional de Búsqueda pararesponder eficazmente a la problemática de la desaparición en elpaís.
Tras consulta amplia, organizaciones que conforman el Movimientoreconocen algunos avances para responder a esta grave problemáticay hace un llamado al legislativo a aprobar la Ley en esteperíodo.
“Los familiares de personas desaparecidas enfrentamos unprofundo dolor desde que arrancaron a nuestros seres queridos denuestro lado, y la indolencia y falta de respuesta del Estado. Poresta razón hemos exigido al Estado desde hace décadas unalegislación en la materia que nos ayude a encontrarles”, citóla organización.
En un pronunciamiento, el Movimiento por Nuestros Desaparecidosen México (MovNDmx), que agrupa a más de 40 colectivos enMéxico y Centroamérica, recordó que desde hace dos años havenido trabajando con organizaciones, personas expertas en lamateria y con legisladores y legisladoras comprometidas para lograruna Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición porParticulares, impulsando el derecho a participar en el proceso yproponer los componentes mínimos que debería tener la Ley apartir de una amplia consulta con colectivos y organizaciones.
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