Ciudad de México.- Tras los hechos ocurridos el 22 de enero en el municipio de Camargo, Tamaulipas, donde se localizaron 19 personas -presumiblemente migrantes- calcinadas en dos camionetas, cientos de organizaciones de la sociedad civil, casas de migrantes y comités de familiares de migrantes desaparecidos de Centroamérica, condenan la masacre y exhortan al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de estos crímenes contra personas migrantes, que vienen sucediendo en nuestro país desde hace más de una década.
El pasado 26 de enero, diversas organizaciones presentaron una denuncia para exigir la identificación de los restos y una investigación efectiva de los hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Tamaulipas. Asimismo, demandaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de Búsqueda en México.
A partir de que se dieron a conocer los hechos, autoridades de Guatemala, medios de comunicación mexicanos y guatemaltecos y redes sociales informaron que las víctimas probablemente serían originarias de la comunidad indígena Comitancillo, San Marcos, Guatemala.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó estar en coordinación con las autoridades mexicanas para la identificación forense de las víctimas de esta masacre, la quinta ocurrida en territorio mexicano en un período de 10 años.
La masacre ocurrida recientemente es producto de la impunidad, la indolencia y la falta de respuesta de México en cuatro masacres de personas migrantes previas ocurridas en Tamaulipas y otros estados fronterizos, como lo fueron el asesinato de 72 migrantes en agosto del 2010, las fosas clandestinas de San Fernando de 2011, la masacre de Cadereyta de 2012 y la masacre de Guemez de 2014.
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C; Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C (IMUMI); Scalabrianas Misión con Migrantes y Refugiados; Albergue Casa Nicolás; Casa Monarca, Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P.;
Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana; Asociación de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG); Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE); entre otras resaltaron que los hechos implican violaciones graves a derechos humanos, en principio por la falta de prevención del Estado mexicano, al no tomar medidas para investigar y sancionar las masacres de personas migrantes ocurridas previamente en esa misma zona fronteriza.
Igualmente se pone en evidencia la falta de diseño e implementación de políticas de prevención de la violencia que garanticen el derecho a una migración segura como lo señala el Pacto Global de Migración, el cual ha sido promovido por México a nivel mundial pero incumplido en su propio territorio.
Estos hechos lastiman profundamente no sólo a las víctimas directas y sus familias sino a la sociedad en su conjunto, tanto en México como en los países de origen de las víctimas, contribuyendo al deterioro del tejido social de la región.
La tolerancia de estos aberrantes crímenes demuestran la nula protección de la población migrante en México, los riesgos y la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran frente a la crisis de violencia, desapariciones y ejecuciones que impera en el país y particularmente en estados fronterizos como Tamaulipas, donde grupos criminales ejercen el control territorial ya que son rutas de tráfico de personas que les reportan múltiples ganancias.
Esa masacre ha demostrado que la migración no es ni segura ni ordenada, pero si tenemos la oportunidad de hacerla regular. La legislación mexicana en materia migratoria y de protección internacional permite otorgar a las personas estancia por razones humanitarias y solicitar asilo, sin embargo, bajo el discurso de una migración ordenada, segura y regular esto no ha sido efectivo y la contención migratoria a través de la militarización de las fronteras ha sido la constante.
Militarizar las fronteras, no sólo no es un proceso de respeto a los derechos humanos ni garantía de una migración segura, ordenada y regular, sino una mera acción de persecución y criminalización de la migración que orilla a las personas a ponerse en manos de bandas de tráfico de personas. Como sociedad civil, hemos insistido en que la Guardia Nacional debería estar realizando y coordinando acciones para garantizar la seguridad de todas las personas en el país, no conteniendo la migración.
En enero de 2019, el Estado mexicano hablaba de una política migratoria de derechos humanos donde, al menos durante enero de 2019, parecía que pasaríamos de una política de contención y criminalización a una de derechos humanos.
Sin embargo, las presiones externas dieron un giro. No sólo se mantuvo la política migratoria de persecución y criminalización, sino que se endureció y se militarizaron las fronteras. No obstante, frente a los hechos, tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor, de cambiar el rumbo de nuestra política migratoria.
Las organizaciones de la sociedad civil convocaron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y al canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, para que reconozcan los riesgos y los delitos de los que son víctimas las mujeres, niñas, niños y hombres migrantes en su tránsito por México, y adopten medidas suficientes para prevenir ataques de particulares y autoridades, ya que contrario a lo que ha afirmado el Presidente en diferentes conferencias matutinas, el Estado mexicano no está protegiendo a la población migrante en el país.
A la fecha, a pesar de que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas establece la obligación de brindar apoyo a las familias a través del Mecanismo de apoyo Exterior (MAE), la Secretaría de Relaciones Exteriores ha incumplido su obligación de emitir Lineamientos para que consulados y embajadas de México en los países atiendan directamente a los familiares de las víctimas.
Estos hechos no pueden investigarse de manera aislada de las masacres y desapariciones de personas migrantes ocurridas en Tamaulipas y Nuevo León, así como de la desaparición de migrantes que fueron bajados de un autobús en febrero de 2019.
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