Por la existencia de dos casos más de suicidio en menos de un mes en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 16, ubicado en el Estado de Morelos, organizaciones de la sociedad civil (OSC) exigen a las autoridades una investigación urgente y exhaustiva para garantizar la integridad y protección de la vida de todas las mujeres en el CEFERESO 16.
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Las ONG’ exigen de manera urgente una mesa técnica interinstitucional y permanente para la protección de la vida e integridad de las mujeres del Cefereso 16 y la investigación urgente para la adjudicación de responsabilidad por las muertes.
Además, exigen que se reconozca la responsabilidad del Estado por las muertes en CEFERESO 16 y se tomen medidas efectivas para prevenir futuras tragedias.
Las agrupaciones entre ellas: México A.C. Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social A.C., Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL); María del Mar Rangel Flores; Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT); Natalia Mendizábal Beverido, entre otras, resaltaron que el pasado 24 de junio de 2024, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) confirmó a través de sus redes sociales la muerte de otra mujer el 20 de junio, bajo la custodia del gobierno federal en el CEFERESO 16.
Este trágico suceso se suma a 14 muertes anteriores en menos de 3 años, evidenciando un patrón alarmante de negligencia y falta de protección en este centro penitenciario.
La repetición de estos incidentes muestra una grave falla sistemática en la supervisión y el cuidado de las mujeres privadas de libertad, lo que demanda una respuesta inmediata y efectiva de las autoridades.
A esta muerte la antecede el fallecimiento de otra mujer el pasado 30 de mayo.
60 organizaciones piden mejorar vigilancia
En respuesta, más de 60 organizaciones de la sociedad civil (OSC) y defensores de derechos humanos se han pronunciado, exigiendo justicia y medidas concretas. Sin embargo, hasta la fecha, la única respuesta oficial ha venido del IFDP, que ha expresado su preocupación por los hechos ocurridos en el CEFERESO 16.
Esta falta de acción por parte de otras autoridades responsables subraya la urgencia de una intervención robusta y coordinada para abordar esta crisis humanitaria y asegurar que no se pierdan más vidas bajo la custodia estatal.
La denuncia pública por parte de la Defensoría y las acciones judiciales que han emprendido se suman a los informes y recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, así como las diversas exigencias realizadas por las organizaciones de la sociedad civil en estos últimos años. Estos informes y recomendaciones han documentado sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos dentro del CEFERESO 16, incluyendo negligencia en la atención médica, falta de protocolos adecuados para la prevención del suicidio y condiciones de detención inhumanas.
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La evidencia acumulada resalta no solo la gravedad de la situación, sino también la urgente necesidad de una respuesta integral que aborde las causas subyacentes de estos abusos.
Autoridades deben tomar medidas de prevención
La necesidad de tomar acciones urgentes y efectivas por parte de todas las autoridades co-responsables, incluida la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General de Morelos, y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género (CONAVIM), ha sido reiteradamente comunicada a las autoridades desde el año 2021, incluso antes del inicio de la ola de muertes que se ha exacerbado desde 2022.
La muerte de las mujeres privadas de la libertad es un resultado directo de las omisiones de cuidado y garantía de las autoridades federales co-responsables y esta responsabilidad ha sido documentada en múltiples ocasiones.
Las organizaciones de la sociedad civil se unen a la exigencia de la Defensoría Pública para la realización de una investigación exhaustiva y la sanción de las autoridades responsables en el CEFERESO 16.
Es crucial señalar que, aunque se trata de un centro penal federal, sólo el 53 % de las mujeres están ahí por un delito federal, mientras que el resto está siendo procesado por delitos en sus estados de origen. Esta disparidad resalta la necesidad de una revisión cuidadosa y la adecuada administración de justicia.
Además, entre las mujeres que están en el CEFERESO 16 por delitos federales, el 58 % cuenta con una sentencia, mientras que las demás están bajo la figura de prisión preventiva, lo que sugiere un uso excesivo e injusto de esta medida.
Con base en lo anterior solicitamos: Inicio urgente de una mesa técnica pública y permanente entre autoridades co-responsables, autoridades de justicia, sociedad civil, personas expertas, organismos internacionales y personas familiares para diseñar un plan urgente de transición.
Entrega de información pública sobre los procesos de justicia para las 15 mujeres que han perdido la vida en manos del Estado.
Reparación del daño de todo acto de violencia, tortura o malos tratos cometido contra las mujeres privadas de libertad, así como a sus familiares que han sido víctimas de la violencia institucional.
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