El dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos, Napoleón Gómez Urrutia, obtuvo un fallo favorable en el juicio laboral contra Grupo Peñoles, de Alberto Bailleres, tras 12 años de litigio, el cual calificó de “histórico para la justicia” y sentará un precedente en la lucha por el respeto a los derechos laborales.
En una conferencia de prensa dijo que este caso es claro ejemplo de cómo la impartición de la justicia en la materia se ha mantenido prácticamente secuestrada por los grandes empresarios del sector minero, como Germán Larrea y el propio Bailleres, quienes pisotean los derechos de los trabajadores a su complacencia y, en la mayoría de las veces, de las propias autoridades.
Destacó que finalmente nos hayan dado la razón en base a argumentos legales, luego de enfrentar todo tipo de atropellos a la ley, con la única intención de destruir a la organización que represento, que se ha caracterizado por representar dignamente a todos los agremiados y buscar mejores condiciones laborales.
El también Presidente de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) dio a conocer que la Junta Especial Número Diez de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reconoció su relación laboral desde el 24 de enero de 1994, con la Minera Mexicana La Ciénega SA de CV, perteneciente al Grupo Peñoles.
Puntualizó que la empresa interpuso un juicio en el 2008 para desconocerlo como trabajador, y posteriormente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Javier Lozano en el sexenio de Felipe Calderón, pretendió utilizarlo como argumento para negarle la toma de nota como dirigente de la organización sindical, pero no lo consiguió.
De acuerdo a los antecedentes del caso, el 24 de enero de 1994 Gómez Urrutia quedó registrado como trabajador de la Minera Mexicana La Ciénega, y miembro de la Sección 120 del Sindicato Nacional Minero, de la que fue delegado desde junio de ese año, a partir de lo cual gozó de licencia sindical; posteriormente, el 16 de octubre de 2001, fue nombrado secretario general del gremio.
Gómez Urrutia agregó que desde el 1 de enero de 2008 la empresa dejó de pagar su salario y las prestaciones de ley.
Durante el juicio se probó que eran falsos los argumentos de Peñoles, ya que finalmente la Junta Federal asentó en el respectivo laudo que “existe una relación laboral”.
