Organizaciones no Gubernamentales califican de “desastroso” el papel del Ejército, Marina y Guardia Nacional en las tareas de seguridad, destacó el Centro Católico Multimedial, al señalar que el pasado 9 de septiembre Amnistía Internacional (AI) criticó a la corporación creada en la presente administración, “por las numerosas violaciones a los derechos humanos que se le atribuyen”, señala el Centro Católico Multimedial (CCM).
AI, añadió, insiste al afirmar que la militarización de la seguridad pública ha tenido consecuencias desastrosas para los derechos humanos, “más de 100 mil personas se encuentran desaparecidas, mientras que el Ejército y la Marina han sido acusados de violaciones generalizadas de derechos humanos. “La Sedena ha sido objeto de más de 4 mil quejas por abusos contra los derechos humanos ante la CNDH desde 2014”, subrayó.
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Destacó que entre 2020 y 2022 se presentaron más de mil 100 quejas contra esa institución ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “que se referían a crímenes de derecho internacional, incluidas desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, homicidios ilegítimos y tortura, entre otros”.
En su editorial “Militarización de la seguridad, la vía al desastre”, recordó que en marzo de 2024 debería tener cumplimiento un mandato constitucional: el fin de la facultad del Presidente para disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria conforme al decreto que reformó, adicionó y derogó disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional.
El CCM señaló que con tal mandato se quería poner plazo definitivo de la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad mientras llegaba la implementación y profesionalización de un cuerpo de seguridad civil llamado Guardia Nacional a las órdenes del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dadas las irregularidades y la carencia de un marco jurídico que regulara a las fuerzas armadas en tareas que no eran de la competencia conforme a las disposiciones legales.
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El organismo católico informó que incluso algunos obispos insisten sobre estos riesgos, pero sus palabras parecen caer en tierra llena de abrojos.
Carlos Briseño Arch, obispo de Veracruz, abogó por una fuerza civil “que no fuera corrupta y que estuviera correctamente actuando”; el obispo de Saltillo, Hilario González, señaló que “sólo queda pedirle a Dios que nos cuide a todos y que cuide la intención de todos los que trabajan en las fuerzas armadas”.
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