Ciudad de México.- La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) solicitó a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México el pronto esclarecimiento del asesinato de dos niños mazahuas de 12 y 14 años, cuyos cuerpos mutilados fueron descubiertos por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la madrugada del 31 de octubre.
Lamentó la desaparición, ejecución y mutilación de los dos niños y exigió investigación eficiente y que no se criminalice a las víctimas. Alertó sobre el incremento de la violencia contra la niñez, toda vez que de enero a septiembre de este año mil 777 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de homicidio, “es decir, diariamente asesinan a siete y desaparecen a otros siete, en total impunidad”, de acuerdo con datos oficiales.
Tras el asesinato de los adolescentes indígenas cuyos restos eran transportados en cajas de plástico en una carretilla de carga en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Juan Martin Pérez García, director de Redim, exhortó evitar su revictimización adelantando posibles vínculos con hechos criminales.
Pero sin reconoció la utilización de menores de edad por parte del crimen organizado y urgió a las autoridades a combatir esta situación.
Consideró que el asesinato de los niños mazahuas, Yair y Héctor, quienes el 27 de octubre habían sido reportados como desaparecidos y habrían sido víctimas del crimen organizado, “son la expresión más cruda del fracaso de la estrategia de seguridad basada en la militarización en todo el país”.
Pérez García consideró que se necesita desmantelar a las redes criminales que se tienen operando en la capital del país, y agregó que la brutalidad del acto muestra y confirma la presencia del crimen organizado y las prácticas de terror que usan como forma de control territorial.
Además, en un comunicado la organización de la sociedad civil manifestó que las pruebas forenses arrojaron que los adolescentes fueron torturados y mutilados presuntamente como venganza del grupo delictivo.
El caso “confirma la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México y las prácticas de terror que usan como forma de control territorial”, indicó.
La organización exigió a las autoridades no filtrar información de la carpeta de investigación que dé lugar a la revictimización y a atentar contra la dignidad de los niños víctimas, y recordó su obligación de “identificar las redes de macro criminalidad que permiten operar a la delincuencia organizada en el centro de la ciudad”.
Aunado a lo anterior, “el hecho de que sean dos niños indígenas puede representar que fueran víctimas de otros delitos previos como reclutamiento forzado y otros abusos”, abundó.
La Redim acusó al Estado mexicano de ser “cómplice de la violencia del crimen organizado en contra de niñas, niños y adolescentes”, no sólo por la posible participación de agentes del Estado en muchos delitos, sino por la impunidad en que permanecen miles de homicidios, pues de cada cien carpetas de investigación donde niñez y adolescencia son víctimas, “sólo tres alcanzan algún tipo de proceso o sentencia”.
Lamentó la negativa del gobierno federal de incorporar como política pública el #Proyecto26, “una estrategia nacional para frenar la violencia armada en contra de niñas, niños y adolescentes”, misma que consideró necesaria “especialmente ante la regresión en derechos garantizados por las reducciones presupuestales a las instituciones y programas públicos en los dos últimos años”.
Al externar su solidaridad con las familias de los niños mazahuas, la Redim exigió al Estado mexicano “abandonar los discursos vacíos y comprometerse a articular un proyecto prioritario para proteger el derecho a la vida y desarrollo de la infancia”.
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