El Observatorio de Desplazamiento Interno, (IDCM) calcula que hasta 2021 en México había 379,000 personas desplazadas internas por situaciones de violencia, así como 23 personas en situación de desplazamiento por desastres.
De acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), a finales de 2021, en el mundo 53 millones de personas se desplazaron internamente debido a conflictos armados y violencia.
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El organismo de la ONU destacó que México ha tomado los primeros pasos para el abordaje integral del desplazamiento interno: en 2019, el Gobierno reconoció por primera vez la ocurrencia del desplazamiento forzado interno a nivel nacional.
A esto se suma que los estados de Guerrero, Chiapas y Sinaloa han elaborado leyes estatales en la materia y que en Sinaloa, Sonora y Guerrero se ha tipificado el desplazamiento arbitrario como delito.
Las barreras de acceso a la justicia que enfrentan las personas desplazadas internas, como la falta de información, de documentación y de asesoría jurídica, han provocado que sean muy pocos los casos que se han judicializado en el país. Los pocos casos existentes demuestran que el desplazamiento interno sigue siendo una temática poco explorada y que no siempre se cuenta con el conocimiento adecuado para garantizar los derechos de esta población.
Ante ese panorama, la Dirección General de Derechos Humanos (DGDH) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en conjunto con la Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ) del Consejo de la Judicatura Federal, presentaron el Manual sobre Desplazamiento Interno, una guía práctica que pone al alcance de quienes imparten justicia las más altas normas y estándares de derechos humanos y de derecho internacional en la materia, así como un ejercicio de experiencias comparadas para para contribuir con la protección y garantía de los derechos de las personas desplazadas internas en el país.
El Manual sobre Desplazamiento Interno contó con la coordinación académica del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y con la participación de especialistas en la materia.
Esta herramienta permitirá que las juzgadoras, que examinen casos relacionados con desplazamiento interno y comunidades de acogida, puedan aplicar estándares internacionales sobre los derechos de esta población, así como las obligaciones sobre medidas de prevención, asistencia humanitaria, protección, soluciones duraderas y reparación integral del daño.
“El desplazamiento interno puede generar múltiples impactos y violaciones a los derechos de las personas afectadas. Impartidores de justicia juegan un papel muy importante para asegurar que las personas desplazadas internas y las comunidades en riesgo de desplazamiento accedan a mecanismos que garanticen la protección y restitución de sus derechos.
Ejemplo de ello son los casos de Colombia y El Salvador que, mediante sentencias de sus cortes constitucionales, lograron el desarrollo de leyes y políticas públicas especializadas en la materia”, aseguró Josep Herreros, Representante Asistente para Protección de ACNUR en México.
El Manual sobre Desplazamiento Interno, el primero en su tipo en América Latina, busca brindar a las y los impartidores de justicia herramientas para que apliquen los estándares más altos de protección en la materia; acercarles a la experiencia comparada; contribuir a que desempeñen su rol bajo un enfoque de derechos; guiar en la determinación de violaciones a los derechos humanos de las personas desplazadas internas y su reparación integral, así como impulsar a las autoridades a cumplir con obligaciones asumidas en favor de esta población o de quienes están en riesgo de desplazamiento.
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“Cuando las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos armados u otras situaciones de violencia se enfrentan a vulneraciones a sus derechos como: la falta de acceso a servicios básicos y alimentos, separaciones familiares, la carencia de un hogar seguro o dificultades para trabajar y acceder a la educación.
Las personas desplazadas no han cruzado una frontera internacional y, por lo tanto, el propio Estado tiene la obligación de protegerlas. Ahí juega un rol importante el poder judicial”, dijo Miguel Ramírez, jefe de operaciones del CICR en México.
ACNUR y el CICR reconocen los loables esfuerzos de la DGDH y de la EFFJ para contar con un Manual sobre Desplazamiento Interno, así como de todas las personas expertas que nutrieron este importante proyecto. Es el deseo de ambas organizaciones que el Manual contribuya a que, desde el Poder Judicial de la Federación, se promueva el respeto, la restitución y garantía de los derechos de las personas desplazadas internas.
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