El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña, advirtió que las recientes modificaciones a las leyes Electoral y de Medios no brindan claridad sobre varios aspectos cruciales de las próximas elecciones judiciales, lo que podría afectar la organización y transparencia del proceso.
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Uno de los puntos críticos es la falta de precisión sobre la jornada electoral; aunque la ley establece que las votaciones se realizarán el primer domingo de junio, no define la hora de cierre de las casillas, generando incertidumbre sobre si los ciudadanos podrán votar hasta el inicio del cómputo.
Además, no se ha aclarado cuántas urnas serán necesarias ni si las candidaturas tendrán derecho a designar representantes en los consejos distritales para supervisar y solicitar recuento de votos. Respecto a las boletas, la ley señala que habrá una por cada tipo de elección, pero no especifica cuántas recibirá cada ciudadano, dado el alto número de cargos en disputa.
Otro problema destacado es la distribución de los tiempos en radio y televisión. De la Mata subrayó que no se ha definido cómo se asignarán estos espacios ni si esto podría impactar los procesos locales de 2025. El magistrado también cuestionó la equidad en las campañas, ya que las candidaturas solo podrán financiarse con aportaciones personales, lo que pone en desventaja a quienes no cuentan con los mismos recursos.
Aunque la reforma define los actos de campaña, no detalla las sanciones para aquellos que incurran en actos anticipados, generando incertidumbre sobre el cumplimiento de estas disposiciones. También alertó sobre el reto logístico de organizar entrevistas y foros con más de 5,000 candidaturas en igualdad de condiciones.
De la Mata expresó su preocupación por el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que asumirá la revisión de impugnaciones electorales. Dado que estos procesos requieren tiempos y criterios específicos, existe incertidumbre sobre si la SCJN aplicará los mismos lineamientos del TEPJF o creará nuevas reglas para resolver controversias.
Un punto crítico adicional es la fiscalización; el Instituto Nacional Electoral (INE) podrá solicitar información patrimonial de los candidatos, sus cónyuges y dependientes económicos sin restricciones del secreto bancario, fiduciario o fiscal. Sin embargo, no se aclara si es adecuado aceptar financiamiento de parejas o familiares, ni si las candidaturas deberán designar responsables financieros.
Finalmente, el magistrado enfatizó la importancia de los comités de evaluación encargados de analizar los perfiles de los aspirantes. A pesar de que se excluye a quienes hayan sido directores de partidos en los últimos tres años, la inclusión de militantes sin cargos directivos podría comprometer la imparcialidad. Pese a todas las interrogantes, De la Mata Pizaña expresó su confianza en que el INE y el TEPJF garantizarán certeza en los comicios, tal como lo han hecho durante las últimas tres décadas.
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