Agrupaciones que integran Redes del agua México, llaman de manera urgente, a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, así como a la próxima titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, a impulsar políticas públicas y avanzar en la legislación para garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento, asignaturas pendientes en México.
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La próxima administración debe incorporar de forma prioritaria en su plan de gobierno la atención a la crisis en la gestión del agua y así avanzar en otros derechos, como el de la alimentación, la salud, la educación y la equidad y, de esta manera, “realmente generar justicia hídrica y bienestar”.
Además, añaden, se estima que al menos 20 millones de personas consumen agua con niveles de fluoruro por encima de los permisibles en nuestro país; y que al menos 6.5 millones de niños están expuestos a concentraciones de fluoruro y/o arsénico que afectan su salud.
Al menos 1.5 millones de personas consumen agua con concentraciones de arsénico que exceden los límites seguros, principalmente en localidades del centro, occidente y norte del país”.
Las organizaciones de la sociedad civil, externaron que, no obstante que en México menos del 50% de la población tiene acceso a un suministro continuo de agua, “desde hace más de una década, desde el Congreso de la Unión se nos ha negado una Ley General de Aguas como marco general para garantizar que se procure la justicia socio ambiental bajo los principios de los derechos humanos, la equidad en el acceso al agua y su uso sustentable”.
La Conagua profundiza problemáticas
Ante esta omisión deliberada, añadieron, “prevalece un paradigma neoliberal de gestión y gobernanza del cual surge la actual responsable del agua en el país, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que lejos de atender las causas de los problemas a los que nos enfrentamos, los profundiza en una lógica de desigualdad”.
En un comunicado, refirieron que según la última encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares (2022), si bien 95% de la población cuenta con infraestructura de agua potable y saneamiento básico, solo 59% recibe agua diariamente y cuenta con saneamiento mejorado.
Comentaron que la pobreza hídrica se exacerba en localidades rurales y periurbanas, en comunidades indígenas y mujeres, siendo Morelos, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Guerrero los que cuentan con menor porcentaje de población con suministro diario de agua en la vivienda. “Paradójicamente, estados como Chiapas cuentan con la mayor disponibilidad de agua, pero es de los que menos acceso tiene”.
Asimismo, señalaron la “dramática falta de inversión, que no resuelve la contaminación de las fuentes de agua y su acarreo, que los mantiene en una persistente desigualdad de género, altos niveles de enfermedades gastrointestinales, mata a las infancias. Se trata coincidentemente de los estados con mayor pérdida de vegetación”.
Llamaron la atención a que a lo largo de las pasadas décadas se han entregado concesiones de agua, tanto superficial como subterránea, a grandes consorcios sin asegurar que se cuente con agua suficiente para la población. Hoy, 22.3% del agua concesionada está en manos del 1.1% de los usuarios del agua, usuarios privados que cuentan con concesiones de hasta 1hm3/año.
Igualmente, hay un sobre concesionamiento del agua tanto superficial como subterránea, que beneficia a industriales, embotelladoras, mineras, automotrices y empresas agropecuarias.
Más del 70% de los ríos del país están contaminados, puesto que sólo 16% del agua industrial es tratada y llega de manera directa a los afluentes, al igual que el desagüe de localidades rurales que no cuenta con instalaciones sanitarias adecuadas y en localidades urbanas por lo general no se cuenta con presupuesto para operar las plantas de tratamiento cuando las hay, lo cual contribuye a la contaminación de los cuerpos de agua con coliformes fecales.
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