El proyecto de Ley General de Educación Superior que se cabildea en la Secretaría de Educación Pública y en el Senado de la República contiene señalamientos que atentan contra la dignidad de los jóvenes estudiantes de instituciones particulares de educación superior, porque se establece en los acuerdos transitorios que sólo a un pequeño grupo se le respeten privilegios, acuerdos presidenciales y secretariales que permite la autonomía de las mismas.

En cambio, señaló María Luisa Flores del Valle, presidenta de la Alianza para la Educación Superior (ALPES), las demás sufren de sobre regulación, tiempos excesivos de respuesta, son estigmatizadas como instituciones de mala calidad, “cuando son precisamente estas instituciones, de muchos años de trabajo, firmes, fuertes y responsables, las que han dado la formación profesional a los jóvenes que no obtienen un lugar en la educación superior pública. Recordemos que no somos un país de ricos”.

La dirigente nacional de ALPES destaca que el problema radica en el rezago que cargan los jóvenes al entrar a estudiar en las escuelas de tipo superior y lo fácil que es decir que la institución es mala, porque no es altamente costosa.

Esto es sumamente aventurado, añadió Flores del Valle, porque al hacer esta división entre las escuelas, queda en el aire la equidad e inclusión, cuando son los jóvenes quienes podrán sacar a este país adelante y a quienes les están debiendo una educación de mayor calidad en todo el sistema.

De no romper paradigmas, cambiar lo que hasta ahora no se resuelve para dar un piso parejo a todas, y apoyar a quienes trabajan honestamente, “será difícil aplaudir una ley que no garantiza el Estado de Derecho, teniendo en sus manos la posibilidad y la oportunidad de hacerlo”, afirmó.

Al mismo tiempo, la SEP determinará cómo se va a operar la ley, cómo será la simplificación administrativa, cómo se entregará el reconocimiento de validez de la gestión institucional, cómo se conformará por las particulares el Consejo Nacional para la Mejora de la Educación Superior, y otros asuntos de interés, que hoy generan una gran incertidumbre para el 98% de las instituciones particulares.

Flores del Valle observó que, “si seguimos haciendo una ley nada más para unos cuantos, para un grupo pequeño y privilegiando a unas instituciones por sobre otras, no vamos a mejorar la calidad de la educación, ni reivindicar ni dignificar a la población estudiantil, pues hay que dignificar también a las escuelas que están trabajando con esos jóvenes”.

Lo que queremos es “una ley para los actores principales: los universitarios, no para las escuelas, no para grupos, no para forjar cotos de poder, sino para proteger al estudiantado y prestar servicios de una forma digna y que de verdad sirva para mejorar la calidad educativa del país”.