A la par de los contagios y defunciones provocados por el COVID-19, crecen otras pandemias, que conforme llega la esperada “nueva normalidad”, empiezan a asomar su temible rostro, como son: el desempleo, el quiebre de empresas, la precarización del mercado laboral y la estrepitosa caída del ingreso familiar.

Derivado de la pandemia por COVID-19, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que en abril pasado 12 millones 300 mil mexicanos perdieron su empleo, mientras que 30.6 millones más se desempeñan en la informalidad.

La salida de más de 12 millones de personas de la fuerza laboral, significa que, por primera vez en la historia reciente del país hay menos personas económicamente activas de las que no lo están, advierte un diagnóstico elaborado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Por otra parte, la población desocupada, es decir, la que no tiene trabajo pero dice buscarlo activamente, en abril de 2020 se estimó en 2.1 millones de personas, que equivalen a 4.7% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que representó una tasa superior en 1.7 puntos porcentuales respecto a marzo 2020 y en 1.2 puntos porcentuales mayor a la de abril del año pasado.

Adicional a esto, la población no ocupada con disponibilidad para trabajar, pero que no busca activamente un empleo, pasó de 5.9 millones en marzo de 2020, a 20 millones de personas en abril de 2020, lo que equivale a un incremento de 24.5 puntos porcentuales y a un aumento de 14.1 millones de personas

En este sentido, la tasa de desempleo amplia - que considera aquellas personas desocupadas pero que están buscando activamente trabajo y a aquellas personas que están disponibles para trabajar pero no están buscando activamente un empleo - sería de 34%; es decir, 1 de cada 3 personas en edad de trabajar se encuentran en ese amplio ejército de desocupados.

PANDEMIA RECRUDECIÓ CRISIS DE EMPLEO

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en su diagnóstico “Se Agudiza la Precarización del Mercado Laboral”, señala que, si bien se debe tomar con cautela la comparación de los resultados entre la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) dadas sus diferencias metodológicas y de cobertura, la nueva encuesta revela un claro colapso multifacético del mercado laboral en abril propiciado, principalmente, por el confinamiento sanitario.

Destaca que si bien “las cifras que ofrece la ETOE no son estrictamente comparables con el diseño de la ENOE”, resultan una aproximación a los indicadores que tradicionalmente capta la ENOE, por lo que la comparación es útil como medida de referencia.

Precisa que la pérdida de empleos y la precarización del mercado laboral eran ya evidentes con el debilitamiento de la economía tras cuatro trimestres consecutivos con cifras negativas, situación que se agudizó con la crisis sanitaria y la consecuente parálisis del aparato productivo.

Los resultados de la ETOE1/ indican que el confinamiento sanitario ha sido un golpe severo para el nivel de empleo en el país, que propició en abril que la población ocupada disminuyera en 12.2 millones de personas.

La población no económicamente activa (PNEA) pero si disponible es otro indicador que refleja bien el impacto tan negativo que la pandemia tiene sobre el empleo y probablemente sobre la situación de la población de menores recursos. La ETOE indica que posiblemente la población no activa disponible se elevó en 14.2 millones entre marzo y abril.

En su mayoría, la cifra se compone de quienes dejaron la población económicamente activa (PEA), pero también parece recoger a unos 2.4 millones que dejaron de ser “no disponibles” dentro de la PNEA; es decir, gente que no tenían interés en trabajar y ahora sí lo tienen.

El organismo menciona que a pesar de los intentos por mantener su plantilla laboral, las empresas han llegado al punto máximo de restricción de recursos y se han visto obligadas a reducir sus plazas laborales, mientras otras han logrado convenios con los trabajadores para no perder su empleo, ofreciendo reducción de horas laborales y disminución temporal en salarios.

El CEESP considera que probablemente, esto se reflejó en el universo de población subocupada, definida como el conjunto de “personas ocupadas con la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les permite”, que reportó un aumento de 5.9 millones de personas.

Por otro lado, advierte que el cierre de empresas también se ha reflejado en el aumento del número de personas dentro de la PEA en situación de desocupación, que se incrementó en 457.5 mil personas, debido también a la falta de apoyos oficiales para mitigar los efectos de la crisis.

De acuerdo con la ETOE, la merma de empleos informales alcanzó 10.3 millones como consecuencia de la suspensión de actividades, indicó el CEESP al precisar que esta cifra es preocupantemente elevada, ya que es de presumirse que la mayoría de esas personas, particularmente en los centros urbanos, vive al día y tienen poca oportunidad de vivir así por muchos días.

¿Y LOS APOYOS SOCIALES?

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advierte que realmente no se sabe qué cobertura tienen los programas sociales gubernamentales ni qué población está siendo protegida.

Señala que la continuidad de los programas sociales oficiales y la posibilidad de retirar mayores recursos de las Afores por parte de los desempleados, más allá de su pertinencia económica, simplemente no son políticas suficientes para aliviar de manera significativa la grave crisis social que ya se empieza a vivir.

Por su parte, el Instituto de Política Laboral (IPL), señaló que las medidas tomadas hasta ahora no han sido suficientes para detener el número de contagios y muertes en México, ni para contener la pérdida del empleo.

Indica que la batería de préstamos y programas asistenciales que los funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presumen todos los días serán un fracaso porque no son la respuesta que requiere la magnitud de la crisis laboral que enfrenta el país, ya que el trabajador no quiere endeudarse más de lo que está y lo que necesita es tener un ingreso seguro.

La política pública que está buscando endeudar al trabajador con “prestamos chiquitos” sean estos tandas o créditos a la palabra, sin una verdadera reactivación laboral será insostenible, alertó el IPL.

A su vez, Claudia Maldonado Trujillo, consejera académica del Coneval e investigadora del CIDE indicó que hoy más que nunca se necesita un debate plural, propositivo y con información basada en evidencia, para proteger el empleo y el ingreso de las familias.

Al participar en el tercer panel “Hacia el Fortalecimiento de un Estado de proteja grupos en pobreza y vulnerabilidad”, en el marco del Foro Juntos Saldremos Adelante, organizado por OXFAM México, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y Coparmex, la especialista en temas económicos y de desarrollo social adelantó que el COVID-19 sumará a las filas de pobreza extrema, entre 6 y 10 millones de mexicanos.

Otro dato preocupante que mencionó la especialista es que el 45.8% de las personas que están ocupadas se encuentran en condiciones de pobreza laboral, es decir, que tienen ingresos inferiores para cubrir sus necesidades básicas.

Destacó la enorme fragilidad con la que México ha enfrentado la crisis por COVID-19, debido a la ausencia de un auténtico sistema de protección social con un enfoque de derechos.

La especialista se pronunció por aumentar la cobertura de los diferentes apoyos sociales y flexibilizar reglas de acceso a las transferencias económicas que ya existen; pero sobre todo, subrayó la necesidad de diseñar medidas compensatorias y de protección adicionales, para los sectores que anteriormente no han sido vistos como grupos vulnerables.

Indicó que las políticas públicas actuales son insuficientes y están orientadas principalmente a atender la pobreza estructural del sector rural, pero advirtió que la pandemia enfrenta al país a una problemática dual, en la que se necesitan tomar decisiones emergentes que atiendan las dimensiones sociales y geográficas que ha abierto la crisis.

Por su parte, Héctor Juan Villarreal Páez, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) manifestó que la pandemia vino abrir un “enorme bache”, para el cual no se ha instrumentado un programa contracíclico y se apostó a los programas sociales ya existentes.

El investigador advirtió que la pandemia pescó al Sistema Nacional de Salud en medio de una gran confusión, por la transición del Seguro Popular al INSABI, para lo cual no se previeron ni dispusieron los recursos suficientes para que los estados tuvieran oportunidad de reaccionar.

Consideró que también faltaron medidas más agresivas para preservar los empleos formales, a pesar de que diversas organizaciones presentaron propuestas, como la condonación temporal de cuotas de seguridad social e incluso Infonavit.

Indicó que otra urgencia era reconocer que muchas familias viven al día y dependen de un trabajo informal, situación que otros países, como Argentina y Perú, enfrentaron a través de transferencias económicas no condicionadas, con base a criterios sencillos.

Otras medidas inmediatas era el envío de dinero, vía ramo 33 a estados y municipios, para ejecutar inversiones de manera rápida y otorgar créditos directos por los siguientes dos o tres meses.

RESCATAR EMPLEOS E INGRESO ECONÓMICO DE LAS FAMILIAS

Mario Arriagada Cuadriello, investigador del Program Officer para América Latina de la Open Society Foundations (OSF) indicó que México llegó tarde a la instrumentación de un programa contracíclico para responder a la pandemia por COVID-19, pero señaló que todavía hay muchas cosas que se pueden hacer.

Al participar en el Foro: Juntos Saldremos Adelante, el especialista en temas económicos y de desarrollo social se pronunció por proteger el empleo, a través de subsidios a la nómina, como lo hicieron otros países.

El especialista indicó que el despliegue efectivo de las políticas sociales para la protección de grupos vulnerables, depende de un censo de bienestar que todavía tiene muchas dudas de opacidad, así como de falta de eficiencia para priorizar y actualizar la información, además de nulos mecanismos de transparencia para evaluar los criterios de entrega de apoyos.

Por ello, destacó la importancia de avanza en el análisis y discusión de un seguro de desempleo, así como poner más atención al comportamiento de los precios de los alimentos y distribución, que consideró un elemento crucial para enfrentar la actual crisis.

Por su parte, la Coparmex advirtió que la iniciativa de Morena para que los trabajadores puedan disponer de hasta 13,307 pesos de su AFORE, carga sobre los ahorros de los propios trabajadores el peso de la crisis por la que atraviesa el país.

“Lo que ofrecen los legisladores de Morena como un “Ingreso Mínimo Emergente”, no es un ingreso adicional, sino el uso de una parte de los ahorros propios del trabajador, que en pocas palabras en la presente crisis, se traduce como decirles a los trabajadores que se “rasquen con su propia Afore”, señaló el organismo empresarial.

Indicó que es muy importante que el gobierno especifique cómo se van a resarcir estos recursos ya que, de no ser restituidos, significarán menos fondos para el futuro y vejez del trabajador.

Informó que en promedio las cuentas individuales de retiro administradas por las Afores tienen un saldo promedio de 70 mil pesos, lo que representa el segundo activo más importante del patrimonio de las familias mexicanas e incluso para millones de mexicanos representan el primer contacto con el sistema financiero.

Coparmex manifestó que no es necesario disponer de los ahorros de los trabajadores que están planeados para su retiro e insistió en su propuesta de #SalarioSolidario, para preservar el empleo.

PROGRAMAS SOCIALES NO GENERAN EMPLEOS

Especialistas del Instituto de Política Laboral (IPL) destacaron que es un grave error intentar equiparar la creación de los empleos generados por las empresas con el ingreso que otorga el gobierno federal a través de los distintos programas sociales.

Para generar una empresa existe una inversión, mientras que en la generación de los programas sociales los recursos son obtenidos de la Hacienda Pública gracias a que los sectores productivos pagan impuestos. Sin empresas que generan riqueza y paga sus contribuciones sería imposible generar los recursos económicos de los apoyos sociales, explican los expertos del IPL.

“Los campesinos inscritos al programa “Sembrando Vida”, los becarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, tienen un ingreso, pero eso no los convierte en asalariados, porque no hay una relación legal en términos laborales, por lo que no pueden ser equiparados al empleo formal, como tampoco son trabajadores los mexicanos que reciben remesas del extranjero, ni los indigentes o incluso, los asaltantes quienes tienen importantes ingresos por sus actividades ilícitas”, señalan.

El salario es un término legal que implica reciprocidad, certeza, exigibilidad por ambas partes; además implica regularidad, prestaciones, condiciones laborales y negociaciones establecidas en la ley. Sobre todo, el trabajo asalariado está relacionado con lo que los economistas conocen como valor agregado, esto es que el valor de lo producido sea superior o a menos igual a lo pagado.

Por ello, dejan en claro que la recepción de dinero sin compromisos reales, tangibles, exigibles, sólo sujetos a la buena intención de quien lo da y quien lo recibe, se puede llamar filantropía, apoyo o caridad; pero no es un salario.

¿A DÓNDE VAN A PARAR LOS RECURSOS PÚBLICOS?

De acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), se observa que, en 2019, el programa Producción para el bienestar ejerció un presupuesto 23.7% veces mayor al que le fue aprobado para ese año; Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez ejerció un presupuesto 45.0% mayor al aprobado y en el caso de Jóvenes escribiendo el futuro el presupuesto ejercido fue 43.8% mayor. Asimismo, la Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores registró en 2019 un ejercicio 13.1% mayor a su presupuesto aprobado.

Por otro lado, una de las características de los programas prioritarios de la nueva administración es que no tienen la condicionalidad que tenían algunos programas en administraciones pasadas.

El único programa que cuenta con condiciones para recibir las transferencias es Jóvenes construyendo el futuro, que tiene como objetivo desarrollar capacidades laborales. El resto de los programas únicamente operan bajo reglas o lineamientos de operación, sin requerir el cumplimiento de condiciones específicas.

El análisis del CIEP afirma que los programas sociales no condicionados les dan a los beneficiarios una mayor libertad para utilizar los recursos de acuerdo con sus necesidades. Sin embargo, aunque los programas no condicionados ayudan a reducir la pobreza a corto plazo, no garantizan que los beneficiarios destinen las transferencias a reducir la pobreza a largo plazo.

Por ello, el diputado Sergio Fernando Ascencio Barba, del PAN, presentó iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un último párrafo a la fracción XV del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que los apoyos entregados en caso de emergencias, por desastre natural o sanitaria, la dependencia correspondiente haga un apartado en sus medios electrónicos para registrar los datos de los beneficiarios.

En su propuesta, el legislador aseguró que el objetivo es evaluar la eficiencia en la aplicación y destino de los recursos del erario público y, además, podrán detectarse más fácilmente los casos de corrupción.

Comentó que la mayor parte del presupuesto que se destina para tratar de mitigar los efectos de la crisis, proviene de fondos de emergencia y de más de 6 mil 600 millones de dólares del presupuesto del Fondo de Estabilización de Ingresos. Con estos recursos, como dijo el propio Presidente de la República, se ampliarán los planes de infraestructura y los programas de ayuda en los próximos 9 meses, acotó.

Señaló que millones de familias de bajos recursos recibirán subsidios económicos, ya que se anunció que se pagarán por adelantado las pensiones por los próximos cuatro meses a adultos mayores, se entregarán más de 9 mil créditos a pequeños negocios y se fortalecerán los programas sociales estrella, como son: Sembrando Vida y Jóvenes por el Futuro.